Urgencia

Opinion 20 de noviembre de 2018
El Intendente de la Capital ha comenzado a trabajar en la creación del Defensor de la Tercera Edad. La necesidad de esa figura se corporizó luego que un video casero se viralizara en las redes sociales mostrando el maltrato al que eran sometidos los ancianos alojados en un hogar sustituto de esta ciudad.
abuelos

El caso develó una cuestión compleja de la que son partícipes y responsables los gobiernos y las familias. Dado que el hogar acusado tenía la habilitación municipal le tocó al jefe comunal salir a dar explicaciones, para lo que tuvo que recoger información. Al parecer, la tarea resultó un relevamiento de carencias que, seguramente, afectan a buena parte de la población que supera los 60 años, que ha perdido el estado de activo económicamente aunque no pocos siguen trabajando para alcanzar su sustento diario.

No es una preocupación local pero que se trate de una problemática mundial que se resuelve según cada sociedad, no mengua las obligaciones que especialmente cada Estado debe asumir para cumplir con los mandatos que internacionalmente están establecidos y que impone una compresión básica de los derechos humanos. En Salta hay vacíos legales para tornar operativa la manda contenida en la Constitución Provincial.

El Artículo 35 reconoce a la ancianidad el derecho a una existencia digna, considerándola como una etapa fecunda de la vida, susceptible de una integración activa sin marginación. Declara que es deber del Estado proteger, asistir y asegurar sus derechos. Es muy claro en ordenar a la Provincia que asegure a ese sector poblacional asistencia, vivienda, alimentación, vestido, la salud física y la  moral, el esparcimiento, un trabajo acorde con sus condiciones físicas, tranquilidad y el respeto.

La Encuesta Global de las Naciones Unidas para un Mundo Mejor, realizada en 2015 a propósito de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, ha definido que las personas mayores de América Latina y el Caribe priorizaron como los tres primeros asuntos a una buena educación, oportunidades de empleo y una mejor atención médica. Otras demandas son una alimentación adecuada a un precio asequible, un gobierno honesto y receptivo y el apoyo para quienes no pueden trabajar.

América es un continente que está envejeciendo a un ritmo acelerado, aunque con variaciones entre países y subregiones. A medida que desciende la fecundidad y se extiende la esperanza de vida, crece la proporción de población de 60 años y más. En 2016, este grupo etario estaba formado por 73 millones y medio de personas, lo que representa al 11,5% de la población regional. Se prevé que en 2030 la cifra se incremente a 121 millones de personas y que en 2050 se llegue a los 200 millones, lo que constituiría el 26% de la población.

Estas cifras justifican que haya preocupación no solo por el estado actual de los viejos en una Argentina en crisis y en una Provincia que no ha resuelto sus problemas de desarrollo en una región postergada. El porvenir que está acercándose muestra una cara más penumbrosa que advierte acerca de las presiones fiscales y políticas que experimentarán los sistemas de protección social.

Debe entenderse que los asuntos de este grupo tienen un carácter público, que conllevan obligaciones para el Estado, y que por lo tanto no se trata solo de una cuestión de beneficencia, como se entendía durante la primera mitad del siglo XX, como indica un reciente informe de la CEPAL. Y allí cabe la institución que propone el intendente Gustavo Sáenz y también la urgencia de la demanda.

Salta 20 de noviembre de 2018

Te puede interesar