Reparación

Opinion 16 de noviembre de 2018
A la jueza Ada Zunino le faltan pruebas para solicitar el desafuero del diputado provincial por Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh pero estimó que en los próximos días estará en condiciones de adoptar una definición al respecto. De esta manera se cerró un capítulo de una historia que impacta en el sistema institucional, por sus implicancias.
zunino

Como ningún otro incidente judicial que pasara por las manos de la Cámara de Diputados, la situación del representante de Rosario de la Frontera alteró los ánimos de los legisladores, que abandonaron la práctica de declarar que debían esperar una decisión previa del juzgado que lleva la causa abierta con una inquietante carátula. El diputado Kuldeep Singh está formalmente imputado de los delitos de "privación ilegítima de la libertad agravada por el número de personas y robo doblemente calificado por el uso de arma de fuego y por ser cometido en poblado y en banda".

Desde que se hiciera público un hecho acaecido el 26 de octubre pasado en el Parque Industrial de General Güemes, el caso disparó análisis desde distintas aristas pero especialmente centrados en la acción de la Justicia y la vigencia de fueros. La Cámara a la que pertenece trató sin demoras el pedido de autorización para realizar allanamientos en sus propiedades remitido por la magistrada interviniente y lo aprobó por unanimidad.

El voto dejó a la Cámara dentro de lo que interpreta le ordena la Constitución Provincial respecto de seguir la acción de la Justicia, aunque el debate mostró la irritación de los legisladores frente a la figura de un diputado que prioriza su condición de empresario por encima de la investidura que le dio la voluntad popular, como dijera el propio presidente del cuerpo. Pero también expuso la incomodidad de los que lamentan que la opinión pública se siente lacerada con lo que está pasando, que resiente la imagen de un órgano que no goza del prestigio que le correspondería por su función en el sistema institucional.

En ese orden, la vigencia de la inmunidad de arresto de la que gozan los Diputados y Senadores es lo que fue puesto en tela de juicio porque en su aplicación se manifiesta como un privilegio. El legislador rosarino se sumó a una extensa lista de políticos que, pese a condenas judiciales, preservan su libertad en virtud de sus fueros que impiden su arresto, que solo procede en caso de flagrancia.

Por fuera de ese ámbito, la Justicia no resultó indemne frente a la estimación ciudadana; es opinión arraigada en el hombre común que la lentitud con la que actúa la Justicia le hace perder efectividad. Es así que se emite una condena social que daña a los acusados y a un poder que es sustancial para una sana convivencia democrática.

La mayoría de las veces, por inducción o por desconocimiento, el ciudadano no aprecia la actitud de los jueces que extreman los esfuerzos por acumular pruebas o antecedentes que le den precisión a sus fallos. Es que esa tarea se expresa en una dilación en los tiempos, que es similar a la que intencionalmente termina favoreciendo a los culpables.

Las miradas que se cruzan entre los distintos poderes también son datos relevantes. En Diputados se cuestionó a la jueza por no pedir el desafuero; la magistrada interpretó que tal circunstancia es de gravedad institucional por lo que se debe tener absoluta certeza.

Con este cruce, pareciera que el tejido institucional se rasgó. El tiempo jugará un papel fundamental en la reparación.

Salta, 16 de noviembre de 2018

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