Intolerancia

Opinion 15 de noviembre de 2018
No está tranquilo el interior de la Provincia. En las últimas horas fue denunciado penalmente el intendente de Santa Victoria Este mientras que la población de San Antonio de los Cobres ha puesto en jaque a la empresa provincial de aguas.
san antonio

Estos hechos se marcan porque son los últimos registros de situaciones que demuestran la inquietud de gobernantes y pobladores de localidades que manifiestan los problemas consecuentes con una fuerte crisis socioeconómica, pero que se agudizan por la desatención que padecen por la lejanía con los centros de decisión. Ni el tratamiento del presupuesto de 2019  ni la inminencia de un año electoral generan expectativas.

Quizás el final de un ciclo ha puesto a prueba la tolerancia ciudadana frente a problemas cotidianos. De allí que la pacífica población de San Antonio de los Cobres ha resuelto interrumpir el tránsito de la ruta 51, un eje vertebral de comunicación de la zona minera provincial con el país y el mundo.

En este caso el factor desencadenante se encuentra en la calidad del agua de la zona que, a juicio de los vecinos, amenaza la salud de la comunidad. No es el problema del arsénico, una característica de la zona, sino la presencia de gusanos en el fluido que llega a los domicilios. La alteración fue detectada por estudiantes, cuya curiosidad disparó el procedimiento de control de la prestataria del servicio.

Romper el pacifismo andino no es fácil a menos que se atente contra la dignidad de un pueblo que tiene una relación ancestral con la naturaleza. Las acusaciones de los directivos de la empresa en orden a suponer un manejo espurio de la situación y denunciar la utilización de los niños para resentir una gestión de gobierno fue un detonante que puso a la gente en la ruta.

El otro caso está protagonizado por un representante de los vecinos. El vicepresidente del Concejo Deliberante de Santa Victoria Este, en el paupérrimo departamento de Rivadavia, denunció penalmente al jefe comunal al detectar malversación de fondos públicos. El intendente Moisés Balderrama dio por realizadas inversiones en obras públicas inexistentes.

No se trata de sospechas sino de contradicciones que emergen del informe de la Cuenta General del Ejercicio 2017 del Municipio. El intendente cumplió la formalidad de presentar la rendición de cuentas pero no cuidó la veracidad de su contenido, pese a la facilidad de la comprobación de la misma. Informar de la construcción de playones deportivos, de centros de integración o de establecimientos sanitarios, compatibilizando ingresos y egresos de recursos, no deja margen para un ejercicio de creación literaria.

Le corresponderá a la Fiscalía Penal Delegación Salvador Mazza avanzar en la dilucidación de los hechos. Es que también en este caso la mención de una persecución política emerge como razón para rechazar las acusaciones.

Es cierto que hay tiempos en que intereses electorales movilizan denuncias e investigaciones contra eventuales oponentes pero también lo es que la ciudadanía ha comenzado a rechazar desde la ineficiencia de gestión a los incumplimientos y mucho más, la comisión de delitos en la función pública. Se está haciendo carne que la corrupción es un mal que daña la democracia y alienta propósitos ajenos a un sistema que repudia los totalitarismos y la limitación en el ejercicio de derechos.

La intolerancia que suele expresarse en una mayor conflictividad social ya no solo se remite a bolsillos flacos.

Salta, 15 de noviembre de 2018 

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