Sentido

Opinion 07 de noviembre de 2018
Un debate reiterativo tendrá un nuevo capítulo en el Concejo Deliberante, si se analiza en profundidad la decisión de modificar el valor de las multas por infracción de tránsito. Se trata de definir si su sentido es sancionatorio o recaudatorio.
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En no pocas ocasiones, el cuerpo discutió la cuestión a la luz de sus efectos en el ejido capitalino, especialmente de aquellas vinculadas con las faltas en el tránsito. La caótica situación del tránsito en la ciudad lo convierte en un campo orégano para observar diferentes situaciones y sus resultados.

Entre los 27 proyectos de ordenanza del orden del día de la sesión semanal del Concejo de este miércoles, se incluyeron cuatro expedientes para modificar el artículo 86 de la Ordenanza de Código de Tránsito y Seguridad Vial, que se refiere a los parámetros para determinar el valor de las multas. Las diferencias no pasan por el objetivo que se persigue sino sobre el quantum, teniendo en cuenta que el referente actual ha derivado –por efecto de la inflación- en una cifra que lleva a discutir otro aspecto de la multa.

Uno de los concejales que advirtió la distorsión que producía el precio de la nafta súper –parámetro de referencia del valor monetario de una sanción- en el monto de la multa, introdujo un concepto que tiene un peso significativo de orden político. A su juicio, el criterio vigente lleva a cuestionar que sea el mercado y no el Estado el que determine el precio de la multa.

Cuando el Concejo Deliberante aprobó el criterio de valorar mediante una Unidad Fija diferente de la Unidad Tributaria vigente para la determinación de tasas u otras multas, seguramente no podía prever los aumentos en el precio de los combustibles, consecuentes con la decisión del Gobierno Nacional de liberar el precio de los combustibles a lo que establezca el mercado. El resultado es que una infracción de tránsito se sanciona con cifras ilógicas respecto de la razón que tiene su aplicación.

El sentido disciplinario de la multa no pareciera estar atado a su valor. Las que se aplican en materia de tránsito no han logrado hasta el momento corregir inconductas que en esa materia llegan a ser muy riesgosas. Precisamente se conoció hoy que una de las más onerosas es la de conducir con alcohol en sangre, falta por la que se paga actualmente no menos de 30 mil pesos, monto que no evita que especialmente los fines de semana se registre un importante número de actas por violación a la ley de alcohol cero ni que se frene el incremento de una de las estadísticas más dolorosas de la Provincia, como es la de muertes en siniestros viales.

En principio se puede asegurar que la discusión respecto del sentido de una sanción pecuniaria a las faltas o incumplimientos del ordenamiento legislativo comunal estaría saldada. Con su aplicación se busca una corrección de comportamientos sociales y no habilita una boca recaudatoria de las arcas municipales. La cuestión pasa por el punto de equilibrio en la búsqueda de la preservación del monto de una multa, en una economía inflacionaria, para que el efecto de su aplicación no pierda eficacia ni se convierta en una condena inhabilitante para el infractor.

De todas maneras, lo que se determine será un ejercicio para la tarea inminente que aguarda a los concejales. En breve deberán tratar la ordenanza presupuestaria y la tarifaria, que tendrá su correspondiente actualización. También en el Municipio, el ajuste tendrá dos caras; por un lado, la reducción del gasto y por el otro, el incremento de ingresos. De eso no se habla todavía.

Salta, 07 de noviembre de 2018

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