Momento

Opinion 06 de noviembre de 2018
Se cerraron todas las grietas del proyecto de presupuesto nacional, abiertas por las demandas de los gobiernos provinciales. Satisfechos los reclamos más acuciantes de gobernadores peronistas, se da por sentado que tendrá aprobación, pese al cuestionamiento que merece de toda la oposición la distribución de recursos nacionales.
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Los legisladores justicialistas han quedado en la incómoda posición de explicar un apoyo que traería aparejado un ajuste en las provincias. En la negociación con los mandatarios, la principal razón fue la gobernabilidad y en su paso por la Cámara de Diputados, la necesidad de no dejar liberado al arbitrio del Ejecutivo Nacional el manejo de billones de pesos. Para el tramo en el Senado, la razón principal es dar sanción al presupuesto nacional para evitar que caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se vuelva a caer en default.

Lo cierto es que todos reconocen que hay una crisis fenomenal, que el presupuesto no va a resolver; por el contrario,  confirma recortes que se vienen haciendo y que deberán hacerse en lo sucesivo por falta de disponibilidad de recursos. Las provincias con mayor dependencia del reparto de fondos coparticipables y de obras para sostener la infraestructura social, son las que presentan las mayores dificultades.

El gobernador Juan Manuel Urtubey ha reconocido hoy que lo que se realice será lo único posible; esto es, se pondrá el mayor énfasis en la cobertura social posible en un contexto económico desfavorable que vive el país. Esto es, la acción del gobierno será esencialmente asistencialista y se expresará en el fortalecimiento de los programas alimentarios y el sostenimiento de prestaciones socio-sanitarias y educativas, considerados prioridad de gestión.

Si bien hay una fecha de presentación del proyecto a la legislatura Provincial, se sabe que hasta el lunes 12 se cubrirán los casilleros vacíos en el esquema de gastos y recursos. Uno de los más importantes es la compensación por la pérdida de subsidios, especialmente para el transporte de pasajeros. Hay 900 millones de pesos que no ingresarán a la caja de SAETA y hay gratuidades innegociables para quien, por encima de otras consideraciones, es un candidato presidencial.

Desde el oficialismo se cargan las responsabilidades a la gestión nacional, que ha diseñado un presupuesto que es malo y será peor para Salta, por sus propias vulnerabilidades. El ex ministro de Economía Carlos Parodi advirtió que “la tijera pasó por áreas sensibles como la educación y la salud” y eso es una mala señal.

Desde la oposición se hacen los mismos cuestionamientos pero no se deja de advertir que el que administra los magros recursos provinciales, no rinde cuenta de su uso desde hace un quinquenio. Se ha renovado su mandato sin conocer cómo cerró el anterior, advirtió el economista olmedista Julio Moreno, quien lamentó tal situación frente a un año que viene  que será recesivo y que sobre todo complicará mucho a las provincias del NOA y NEA.

Con este tipo de presupuesto no se planifica hacia adelante, generando un crecimiento que demande mano de obra de calidad. Se trata solamente de sostener un piso bajo de producción, trabajo y cobertura social.

No es el mejor momento para hablar de candidaturas, dijo el Gobernador y pidió tiempo hasta que termine este año que no es electoral.

Salta, 06 de noviembre de 2018

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