Silencio

Opinion 01 de noviembre de 2018
Cuando Juan Manuel Urtubey finalice la tercera de sus gestiones sucesivas al frente del Ejecutivo provincial, habrá dejado la mayor renovación de jueces de la que se tenga noticia desde 1983, tal como ya lo reconociera el propio Poder Judicial. La cuestión no pasa desapercibida por cuanto la imagen de la Justicia en Salta no es la más encumbrada.
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Son recurrentes las críticas a los resultados de concursos para la cobertura de las vacantes, que en gran número se han generado a partir de un generoso régimen previsional que incentivó el retiro de magistrados de edad avanzada y de la reforma procesal penal en marcha. Hasta el propio mandatario se involucró en una de las polémicas, en abril de 2017, al punto que llegó a expresar por Aries que él fue votado por los salteños "no para defender a las corporaciones".

Particularmente generan irritación las designaciones como magistrados de familiares, funcionarios y amigos del poder en Salta. Los cuestionamientos van sobre la figura del Gobernador, que tiene la facultad de girar los pliegos de postulantes al Senado pero también sobre el sistema constitucionalmente instituido para la integración de uno de los tres poderes republicanos. 

Con la reforma constitucional de 1998 se produjo un cambio sustancial en el mecanismo de designación de los jueces. Se incorporó el artículo 157 que establece que el Consejo de la Magistratura es responsable de la selección de magistrados inferiores del Poder Judicial  y funcionarios del Ministerio Público, cuya creación se produjo ese mismo año mediante una ley sancionada el 24 de diciembre.

Urgía su funcionamiento para transparentar y despolitizar la tarea ya que por entonces se cuestionaba a la Justicia, no solo por su morosidad. Dos décadas después no solo los jueces están bajo sospecha sino también el Consejo que los selecciona mediante supuestos enjundiosos concursos.

Las normas que hoy rigen su composición y sus procedimientos merecen una reforma constitucional reclamó Armando Frezze, ex juez de Corte, en 2014. En un artículo periodístico consideró que “un progreso sería una reforma que defina al Consejo de la Magistratura como un órgano administrativo independiente de los poderes del Estado y coadyuvante en la selección de magistrados, autárquico y autónomo”.

La cobertura de la Fiscalía de Corte N° 1, que dejara vacante el prestigioso abogado Alejandro Saravia, es un nuevo capítulo de cuestionamientos. Apenas iniciado el concurso convocado al efecto en mayo pasado, se señaló que tenía un destinatario y en ello se insistió en agosto cuando se publicó el listado de los admitidos como concursantes. Allí figuraba Eduardo Sylvester, quien fuera funcionario de Urtubey. En las dos primeras pruebas quedó al fondo de las calificaciones pero con la última ascendió lo suficiente para ser incorporado en la terna sobre la que el Gobernador tendrá que tomar un nombre.

Sobre ella se hizo pública la disidencia de una consejera, que representa al Colegio de Abogados, quien revocó su firma puesta en el proyecto de Resolución final de lo actuado. Es que detectó una alteración de lo acordado en plenario, en perjuicio de una de las concursantes.

Otro escándalo, otra mancha. Más dudas, más sospechas. Y mucho silencio.

Salta, 01 de noviembre de 2018

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