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Opinion 31 de octubre de 2018
A poco de llevar al plenario de la Cámara de Senadores el proyecto de presupuesto nacional 2019, se intensificó la tensión en la relación de los gobiernos nacional y provinciales. De mendicantes, los mandatarios provinciales pasaron a presionar aprovechando su influencia sobre los legisladores nacionales que deben dar la sanción definitiva a la iniciativa. Va a salir pero no será gratis, pareciera ser la consigna.
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Los gobernadores son una fuente inagotable de reclamos pero la mayoría de las provincias no tienen muchos recursos para morigerar el impacto sobre sus cuentas de las medidas macroeconómicas. El gobierno de Cambiemos, por su parte, ejerce su poder económico hasta que su vulnerabilidad política lo obliga a negociar para comprar voluntades en el Congreso. Así se describe el momento actual.

Necesitado de los votos de senadores de provincias justicialistas, el Ejecutivo nacional por estas horas trata de poner un cerco a las pretensiones del interior, que se reparte entre distritos que saben que juegan sus últimas cartas y aquellos que siguen convencidos que el amiguismo da resultados. Y esa diferencia tratan de cerrarla los referentes más encumbrados del peronismo.

A la reunión que ayer mantuvieron los gobernadores más distantes con el titular del Bloque Argentina Federal, el gobierno central respondió con el envío de mil millones de pesos, la primera cuota de una ayuda compensatoria de la pérdida del Fondo Sojero, que venía demorada. Se benefician todas las provincias que firmaron hace un año el Consenso Fiscal.

Cabe recordar que en setiembre pasado se creó por Decreto 836 el Programa de Asistencia Financiera a las Provincias y Municipios, para calmar los nervios de gobernadores que venían cediendo frente a los recortes financieros que se aplicarán en 2019 y fueron sorprendidos por el adelantamiento de restricciones. Se trata de una compensación por 4 mil 125 millones de pesos que administra la Secretaria de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y debe repartirse en partes iguales con los municipios para la ejecución de obras de infraestructura. Prevista para distribuirse en cuatro cuotas mensuales y consecutivas, no había señales de ningún envío hasta que los reclamos recalaron en el despacho del senador Miguel Pichetto.

Se trata de movimientos espasmódicos de ambos contendientes, que pareciera no van a terminar hasta que el cuadro de gastos y recursos para el año electoral que viene esté cerrado. La cuerda se tensa en extremo a sabiendas que no hay muchos elementos para evitar que el presupuesto y otras leyes económicas complementarias se aprueben en el Senado. Los mil millones que ingresaron ayer en las arcas provinciales están muy lejos de los cien mil millones que pedían los gobernadores de Santiago del Estero, Formosa, Tierra del Fuego, Chubut y Catamarca.

Las características de esta Cámara equiparan el poder político de los mandatarios, ya que más allá de la preponderancia de la provincia que gobiernan, son representadas por tres senadores cada una.  La factura por los 8.500 millones de pesos provenientes de las retenciones de la soja, que la Nación dejó de girar en esta última parte del año, ha sido presentada cuando se creía que la puja había cedido.

Hasta el 14 de noviembre próximo no está dicha la última palabra y hasta esa fecha, fijada para la sanción del presupuesto, es prenda de negociación.

Salta, 31 de octubre de 2018

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