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Opinion 26 de octubre de 2018
A poco de iniciar un año electoral reaparece la consigna de la renovación política. Los principales partidos políticos han encarado en 2018 los procesos de elección de autoridades con esa pretensión y ante el armado de propuestas para 2019, la sostienen. Nada indica, sin embargo, que haya posibilidades de éxito.
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Es que la renovación no es solamente dirigencial, facilitando el acceso de nuevas generaciones a los cargos más expectantes de conducción. Se trata de abandonar prácticas que fueron enraizándose en la vida interna de los distintos sectores y se proyectaron en las formas y métodos con los que se hace política desde los partidos  y los gobiernos.

Los discursos se contradicen con las acciones, en la mayoría de los casos. Un ejemplo reciente es la insistencia del Gobernador de la Provincia y presidente del Partido Justicialista de promover la participación abriendo “la puerta para que la vocación de distintos sectores se pueda concretar con un Estado facilitador”. Está a punto de cerrar su ciclo de tres mandatos y no hay señales que ese pensamiento se concrete en hechos.

Es cierto que la Constitución Provincial permite la re-reelección pero no obliga a ella. Es una opción que el espíritu republicano morigera pero la tentación del poder alienta. Y Juan Manuel Urtubey, quien accedió a la gobernación prometiendo cumplir un mandato y retirarse, repitió lo que denostó de su antecesor. Su decisión fue legal pero la legitimidad se resintió al incumplir su propia palabra.

Este dirigente proclama desde 2015, cuando encaró la última opción, que el poder es una enfermedad incurable, que tiene vacunas que deben inocularse cuando se está sano. Conoce tres: la terapia, una fuerte institucionalidad y la última que mencionó al abrir la reunión de la SIP, es la libertad de prensa.

Los que aspiran a llegar a la primera magistratura provincial reconocen o sospechan de la naturaleza maligna de los que consideran al poder como un fin en sí mismo y despliegan todos los recursos para mantenerlo. Javier David, un diputado justicialista que se fijó como próxima meta ocupar el Ejecutivo Provincial, ha propuesto –como muchos otros dirigentes que reclaman una reforma constitucional- que los mandatos de gobernador se reduzcan a 8 años.

Pero le dio una vuelta de tuerca a la propuesta que, luego de casi un cuarto de siglo bajo el mandato de dos gobernadores, suma muchos adeptos. El legislador, que ha tenido un sinuoso recorrido por el campo peronista, dijo que no solo deben reducirse los mandatos sino que quienes sean gobernadores no deben tener la posibilidad de volver a ese cargo.

La lógica de esta propuesta se asienta sobre el supuesto que a medida que se asciende en la pirámide de cargos políticos, especialmente si son electivos, hay una entrega total a su ejercicio. Quien ya dio todo no puede mantener el propósito del eterno retorno.

Ninguna estructura de poder facilita el libre juego a la voluntad popular. Se digitan las candidaturas conformando una línea sucesoria que no es la continuidad de un pensamiento político sino de un proyecto personalista, a la vez  que se ponen obstáculos a las expresiones opositoras.

La vocación política no es equivalente a la vocación de poder aunque haya una necesaria relación que, los que no se vacunaron, convierten en esencial.

Salta, 26 de octubre de 2018

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