Impacto

Opinion 23 de octubre de 2018
Son intensas las últimas negociaciones para asegurar la aprobación del Presupuesto Nacional 2019 y desde las Provincias, los Ejecutivos se acercan a los legisladores indicando cómo y hasta dónde se puede ceder y qué es innegociable. Una de las principales pérdidas que van a sufrir es el subsidio al transporte y hasta hace horas, lo único que se logró es que el Estado nacional proponga disponer en 2019 de hasta cinco mil millones de pesos para las ciudades a las que no les alcancen los recursos para sostener precios razonables del boleto de colectivo.
Càmara-Diputados

Mientras se aguarda el dictamen que habilitaría que este miércoles el proyecto girado en setiembre pasado tenga tratamiento en el recinto, los principales cálculos en Salta se centran en el sistema de transporte metropolitano, que en el pasado mes trasladó a más de 13 millones de personas. La recaudación, sin embargo, no cubre el costo de dicho sistema y lo que debiera incluirse como ayuda del Tesoro Provincial asciende a unos 2.400 millones de pesos para 2019.

Esta estimación es lo que ha llevado a que el gobernador Juan Manuel Urtubey advierta que lo que se decida para el sostenimiento del transporte público, no va a ser gratis y va a generar problemas. El déficit que tendrá SAETA el próximo año, por ahora, no puede ser afrontado en su totalidad por el Ejecutivo y las medidas a disponer contemplarán necesariamente al Estado, a los usuarios y también a los empresarios.

El papel del Estado no se limitará al aporte de recursos sino que deberá mejorar la eficiencia de la operatividad del sistema, ya que desde su creación sólo mejoró ingresos mediante el ajuste de la tarifa que paga el usuario; ni siquiera se extremaron controles o se aplicaron recursos para que la recaudación se incremente por otra vía que no sea el precio. Por primera vez se ha sugerido que comenzará a analizarse el costo del kilómetro, que es el mecanismo con el que se paga la prestación de las concesionarias, para negociar modificaciones. El propio gobernador destacó la necesidad de buscar alguna lógica diferente en materia de premios, de manera que se pueda tener un sistema sustentable.

Esa sola mención ha profundizado el estado deliberativo en el sector de las empresas de transporte vinculadas a SAETA, mientras ya se están materializando los reclamos desde fuera del área metropolitana. A través de los diputados ya se elevó a la Jefatura de Gabinete el anuncio que, si no media una ayuda económica para los prestadores del servicio de transporte de pasajeros urbano e interurbano, en enero se estaría ante un cuadro preocupante de quiebra de empresas, despidos de trabajadores y usuarios sin servicios. El propósito es que  se incorpore al presupuesto un subsidio provincial que sí operó en los últimos años para la Capital y localidades colindantes.

En principio, el marco de negociación se habilitará en la Autoridad Metropolitana de Transporte, que ya está facultada para intervenir en la problemática de este servicio en todo el territorio provincial. No se trata de salvar empresas con recursos públicos sino de lograr que un servicio público esencial se preste con calidad, con seguridad y regularidad. Pero especialmente que se asegure un precio razonable en el marco de un proceso en el que las tarifas son la herramienta para reparar los efectos de políticas erróneas.

De lo que se trata es de contemplar el impacto social, cuyo costo en conflictividad siempre termina siendo elevado.

Salta, 23 de octubre de 2018

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