Causa

Opinion 22 de octubre de 2018
A medida que se acerca la fecha del juicio para sancionar a quienes lucraron con tierras fiscales destinadas a viviendas populares, se sacude parte del espinal político. Es el que se vincula a quienes, desde una dirigencia social o desde un partido, quieren transformar las acusaciones en persecuciones políticas.
delia barreto

Tal es el tratamiento  que se le quiere dar a la situación de Milagro Sala, en Jujuy y a la de Diego Barreto, exsubsecretario de Tierra y Habitat de Salta, detenido desde marzo de 2016, tras el escándalo de la entrega de lotes en Parque La Vega. El hecho provocó un cambio en una política y en una organización burocrática que cerró con la desaparición del organismo responsable.

En diciembre de 2017, la tarea de Tierra y Hábitat, que había nacido como programa en la década del 90 y fuera jerarquizado desde la asunción de Juan Manuel Urtubey –su inspirador- a la gobernación,  fue desguazada y parte de ella se trasladó al Instituto Provincial de la Vivienda, y el resto al Ministerio de Infraestructura, Tierra y Vivienda

El punto más álgido, sin embargo, se registró en febrero de 2016, cuando centenares de personas se movilizaron y reclamaron su derecho a lotes, develando una oscura trama de corrupción. Es que demostraron que, en algunos casos, habían pagado hasta 40 mil pesos por terrenos que supuestamente estaban destinados a familias afectadas por la pobreza.

Fue el último grito de este grupo que había comenzado a visibilizar sus carencias cuando en 2014 habían tomado el predio en cuestión. Como resultado de esa movilización es que fueron incorporados a listados de eventuales adjudicatarios y luego contactados por referentes del Gobierno para asegurar la adjudicación mediante un pago. La operatoria ilícita permitió que personas con poder adquisitivo terminaran  siendo propietarias de hasta tres lotes. Pero esas serán las cuestiones que quedarán afirmadas en el juicio contra Barreto, acusado de asociación ilícita y exacciones ilegales agravadas y simples.

Al menos es lo que se espera para poner un punto de certeza en un proceso que en casi un quinquenio se devoró varios funcionarios y provocó, por ejemplo, la intervención del IPV. Las decisiones extremas tomadas por el mandatario provincia al separar de su cargo a personas de su círculo más cercano, no fue suficiente. Tuvo que borrar de la estructura del Ejecutivo un área que había diseñado para resolver el problema social, sino de mayor envergadura, al menos de más difícil resolución.

La judicialización del fracaso político no avanzó como no pocos pretendían, incluso el principal acusado. El hecho que no se haya formalizado acusación alguna contra quienes tenían las mayores responsabilidades de conducción en el área es usado como razones de la supuesta persecución contra el principal referente de MILES, el partido que a nivel nacional es liderado por Luis D´Elia, uno de los dirigentes kirchnerista más reconocidos.

La causa no solo expondrá que la corrupción es uno de los principales males de la política sino que pondrá a prueba el rol de la Justicia respecto de un inquietante clima de impunidad que el ciudadano común observa en torno del poder. No es un caso menor.

Salta, 22 de octubre de 2018

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