Convenio

Opinion 11 de octubre de 2018
Se ha dado un nuevo paso hacia el reordenamiento del servicio del transporte impropio de pasajeros, que integran taxis y remises. El Concejo deliberante, por mayoría, está requiriendo al Ejecutivo Municipal capitalino que revea y, de ser necesario, proceda a dejar sin efecto un convenio firmado con la Provincia por el que se transfieren las facultades de reordenamiento de este servicio a la Autoridad Metropolitana de Transporte.
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En virtud de la vigencia de este convenio, bajo el amparo de la normativa vigente en materia de transporte público de pasajeros en este municipio y en el Área metropolitana creada por la Ley 7.322, es la A.M.T la que dispone las adjudicaciones, transferencias, reemplazos, cesiones y caducidades de las licencias de taxis y remises. Se trata de un sector que atraviesa crisis recurrentes, particularmente este último.

La situación actual tiene aspectos que, en el mejor de los casos, exigen correcciones. Según expuso el autor de la iniciativa que requiere la revisión del convenio, en esta ciudad operan 53 agencias habilitadas por el organismo regulador de las cuales solo 23 tienen habilitación comercial, solo 30 pagan tributos provinciales y 25 cumplen con las municipales. A juicio del concejal justicialista Ernesto Alvarado no se ha alcanzado el objetivo del convenio firmado en 2009, entre Juan Manuel Urtubey y el entonces intendente Miguel Isa y por dos años, que era lograr un sistema más transparente.

A partir de entonces se han sucedido las prórrogas por el mismo lapso. La última data del 4 de abril pasado, retroactiva al 30 de enero de este año, la que vencerá en 2020. Nada indica que lo que no se logró en los últimos 9 años pueda lograrse en este tiempo, urgiendo a soluciones a una situación que se expresa en desmanejos y falta de controles, que derivaron en la pérdida de fuentes de trabajo, según se señaló en el debate de ayer en el cuerpo deliberativo comunal.

Cabe recordar que en el Capítulo II, de la Carta Orgánica, referido a las Funciones, reserva como deber y atribución de la Municipalidad, dictar el reglamento municipal de tránsito, asegurar el transporte público de pasajeros y fijar sus tarifas. Por ello es que en los fundamentos de la propuesta se señaló que la cesión de parte de ellas al organismo regulador provincial, el Transporte Impropio de Pasajeros hace más de nueve años no ha sufrido ninguna mejora para el usuario y no posee una rentabilidad razonable para los prestadores, por lo que se impone recuperarlas.

Sin embargo, el oficialismo tomó las mismas razones para rechazar la iniciativa. La concejal Socorro Villamayor cuestionó que, “cada vez que la provincia está desbordada en el cumplimento de sus obligaciones o de aquellas responsabilidades que por ley asume, se lo delegue a los intendentes”. Y avanzó en razonamientos jurídicos para desestimar facultades del Concejo para cambiar una decisión política que es de la administración, que encomendó a la A.M.T disponer las adjudicaciones, transferencias, reemplazos, cesiones y caducidades de las licencias que corresponden a la prestación del mencionado servicio.

Los argumentos no alcanzaron para frenar el proyecto de resolución, que revivió el interés por un problema que había salido de la atención pública luego de la efervescencia que generara la intención de licitar licencias colectivas. Con escasas expectativas que esta movida sea conducente, se destaca que el poder de decisión se asienta en la Legislatura Provincial, que es la que puede introducir las modificaciones de fondo.

Salta, 11 de octubre de 2018

 

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