Propuesta

Opinion 10 de octubre de 2018
Todo marcha hacia la anulación del pago por parte de los usuarios del desfase producido por la devaluación en los acuerdos por la compra de gas a las productoras. La embestida en contra de la última medida en torno del costo de servicios públicos adoptada por el Ejecutivo Nacional va cerrando un cerco en su torno, que deja afuera a sus propios socios.
gas

El presidente Mauricio Macri se está quedando sin apoyos, luego que sacaran los pies del plato referentes relevantes de su entorno como los gobernadores radicales de Jujuy y Mendoza. En tanto, se aguarda el pronunciamiento de la Justicia en torno de la legalidad de la Resolución 20 de la Secretaría de Energía, apoyada  en el marco regulatorio del servicio de provisión de gas en el país.

El principal logro es un creciente consenso en torno del rechazo, que se expresa en los recursos de amparo interpuestos en juzgados federales en todo el territorio y en el pronunciamiento de todos los sectores políticos. Un ejemplo es la unanimidad alcanzada anoche en la Cámara de Diputados de la provincia, que sobre tablas aprobó una declaración que solicita a las autoridades correspondientes dejar sin efecto la polémica Resolución 20, que obliga a los usuarios a pagar un importe extra y retroactivo. A juicio del cuerpo se ha creado  un nuevo tributo producto de la devaluación que estará a cargo del pueblo.

Hoy sumó su crítica el Ejecutivo Provincial. Fue el Jefe de Gabinete el que adelantó una opinión que demoró en expresarse pero que se alineó con la mayoría., al señalar el desacuerdo con que se agregue mayor presión a los consumidores.

Si bien Fernando Yarade no se privó de ir marcando los errores de una política que siempre contó con el acompañamiento del gobernador Juan Manuel Urtubey, esta vez profundizó sus cuestionamientos al describir un preocupante escenario que se caracteriza por una caída fuerte del consumo de una población que no tiene posibilidad alguna de contar con mayores recursos por el achicamiento de la economía. Este funcionario no solamente asumió la defensa del usuario domiciliario sino también a las empresas que se ven desbordadas por el aumento del costo de servicios y el descenso de ventas.

Más allá de los cuestionamientos, por estas horas ya se pueden destacar algunos resultados. La oposición pidió para el jueves 18 la realización de una sesión especial con el fin de anular la resolución, manifestando el acercamiento de sectores que tienen más diferencias que coincidencias. Tienen quorum pero necesitan dos tercios de los votos para aprobar proyectos que no cuentan con dictamen de comisión. Aunque remotamente, no se descarta que los podría aportar el oficialismo si no se atiende su pretensión de aprobar un subsidio en los presupuestos de los próximos dos años. Se trata de unos 100 millones de dólares anuales que, por ahora, se pretende tomar del bolsillo de los usuarios.

Hay otras iniciativas, como la sostenida por el Jefe del Gabinete de Urtubey, que quiere trasladar el esfuerzo de cubrir los costos excesivos a los sectores más pudientes. Entre el manejo de cifras reales y cierta tentación populista propuso que petroleras y mineras, a las que observa como las grandes beneficiarias de este modelo, hagan el mismo esfuerzo adicional que ya hizo el resto de la sociedad.

Esta propuesta adelanta o compromete el perfil de otra gestión presidencial.

Salta, 10 de octubre de 2018

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