Fracaso

Opinion 02 de octubre de 2018
La educación sexual integral representa un laborioso proceso de construcción. Desde hace una década se trabaja en acuerdos que llevaron a determinar lineamientos comunes para todo el país y generaron en cada jurisdicción la obligación de formular una propuesta que ahora se trata de bajar a cada unidad educativa, que constituye una comunidad con sus propias particularidades.
marcha

Las líneas generales se trazaron en un poco más de un año a partir de la sanción de la Ley 26.150, que estableció la responsabilidad del Estado para garantizar el derecho de niños y jóvenes a recibir Educación Sexual Integral, en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. En mayo de 2008, el Consejo Federal de Educación aprobó por unanimidad dichos lineamientos, definiendo el piso común de contenidos curriculares válidos para todos los niveles del sistema educativo, para todas las escuelas y jurisdicciones del país. Un largo proceso de consultas, discusiones, estudios e intercambios con distintos sectores de la sociedad y del sistema educativo, permitió tener cimientos firmes con una clara perspectiva de derechos humanos, una atenta disposición a impartir conocimientos rigurosamente validados por los avances científicos y una especial consideración de las particularidades que conlleva el hecho educativo, como se expresa en el frontispicio del acuerdo.

La unanimidad del confederal no se reflejó en la realidad cotidiana. La manda legal de inclusión de la educación sexual integral como un aprendizaje incorporado a lo largo de toda la escolarización obligatoria y en cada una de las instituciones educativas, entendido como un desafío frente al cual la construcción de consensos se torna fundamental y estratégica, fue excesivo para algunos gobiernos provinciales, como el de Salta.

Se entendía, según el acuerdo federal, que las alianzas y acuerdos con las familias, con la comunidad educativa en general y con otros actores públicos o privados ligados a la educación y promoción de la salud era un proceso que no podía quedar librado a las posibilidades de cada establecimiento educativo, sino que debía formar parte de la agenda educativa a nivel nacional y jurisdiccional. Y esa responsabilidad terminó siendo un cepo para asegurar la voluntad del gobernante de turno.

En diez años de vigencia de la ley de educación sexual integral no se pudo torcer la resistencia cultural de Juan Manuel Urtubey. Lo logró el riesgo de que una situación desbordada –como es el embarazo de niñas y adolescentes en la Provincia- afecte las metas de una carrera política. Según datos oficiales que no son publicitados, casi 200 niñas reciben hoy maestros domiciliarios para no interrumpir su formación pero tampoco perturbar con su gestación prematura la rutina de una escuela.

El mandatario salteño se escudó en una matriz claramente más conservadora en todo el norte argentino para justificar que en las pruebas Aprender quede expresado el reclamo estudiantil por una formación que se les niega y los pone en zona de riesgo. Y ante la inminencia de iniciar una campaña presidencial, se manifiesta a favor de lo que dificultó con empeño, que es el dictado de  Educación Sexual Integral como materia. Su posta pasó a manos de grupos fundamentalistas que se resisten a entender que la sexualidad abarca aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, que son las dimensiones constitutivas de la persona.

Insistir en la enseñanza transversal es no asumir el fracaso que tiene el costo en proyectos de vida frustrados.

Salta, 02 de octubre de 2018

 

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