Prudencia

Opinion 26 de septiembre de 2018
El resultado fiscal de 2018 será de equilibrio. El repetido anuncio del Jefe de Gabinete de Salta fue sostenido con cifras ante un atento auditorio integrado por diputados provinciales.
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El informe a la Cámara del funcionario del Ejecutivo, más allá de la obligatoriedad mensual de ofrecerlo en la Legislatura -reiteradamente incumplida- despertó mayor interés que lo que podría generar incursionar por los vericuetos del manejo de las cuentas públicas. Ello así como consecuencia de la inestable situación fiscal nacional y por el particular estado de la administración provincial. Cabe recordar que el año anterior cerró con un significativo déficit de casi 5 mil millones de pesos y el nuevo abrió con un paquete de medidas de austeridad cuya efectividad debía ponerse a prueba.

A agosto último, el equilibrio ya está demostrado pero ningún referente de la cartera económica puede asegurar que no será perturbado por el comportamiento del Gobierno central. La gestión de Cambiemos ha venido sorprendiendo a los gobiernos de provincias con cambios en la reglas de juego, siempre en contra. El caso emblemático es la eliminación del Fondo de la Soja, que  merced a la tenacidad con la que se la resistió, evitó la pérdida total mediante compensaciones que de ninguna manera son equivalentes; apenas un parche que frenó un drenaje absoluto.

El temor que las políticas macroeconómicos sigan produciendo perjuicios ha llevado que los expositores de hoy adopten una actitud preventiva y destaquen que la clave del ordenamiento fiscal sigue siendo un principio básico que debe aplicarse tanto a la administración del Estado como al manejo del presupuesto familiar: la tasa de crecimiento de los ingresos debe ser más alta que la de gastos. A la luz de lo sucedido en la última década no fue una relación sostenida. Es así que entre 2010 y 2017, los ingresos crecieron un 575% mientras que los gastos aumentaron casi 750%.

Además, si bien en los primeros 8 meses del año se sintió el benéfico impacto de la racionalidad en el manejo de los recursos públicos y el flujo de fondos mediante una moratoria que se aplicó en el primer semestre, las obligaciones hasta fin de año en materia de gastos no son menores. Hay un vencimiento del empréstito del Fondo del Bicentenario  que en pesos a precios de agosto son 640 millones, a los que se deben sumar los 455 millones de pesos que aún falta pagar para completar el 20% de incremento salarial de este año; los 1.400 millones que deben erogarse en aguinaldos y unos 2.800 para cubrir los sueldos en el último trimestre.

Todo indica que no hay modo de apostar a una administración económica deficitaria por las previsiones contenidas en el presupuesto nacional 2019, que ha iniciado su tratamiento en el Congreso Nacional. Es que la partida total de transferencias previstas para el próximo ejercicio fiscal ni siquiera cubre la inflación de este año. Se trata de 72 mil millones de pesos, que significan para el cálculo más optimista 4 puntos menos de la insuficiente cifra de este año.

El sombrío panorama que las cifras muestran obliga a una conducta administradora de prudencia. Así lo han expuesto Fernando Yarade y el ministro de Economía, Emiliano Estrada, repitiendo como una letanía que ese es el camino virtuoso que se debe transitar.

Salta, 26 de setiembre de 2018

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