Donación

Opinion 20 de septiembre de 2018
El Concejo deliberante aprobó ayer la ordenanza a través de la que se acepta el ofrecimiento de donación de un inmueble de propiedad de la empresa Cerámica del Norte, con el fin de ser anexado al relleno sanitario San Javier. Con esta decisión, adoptada por unanimidad, se cierre un largo proceso iniciado hace más de un año, cuando la empresa industrial donó al municipio 12 hectáreas colindantes al vertedero, a título gratuito, para sumarlas a las 50 del predio. Si bien la ordenanza es una formalidad insoslayable, puso a prueba la voluntad del cuerpo de imponer el interés social por encima de intenciones particulares.
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La norma aprobada acepta la donación con la condición que la superficie que se incorpora al patrimonio municipal sea destinada a la recepción de inertes de obras, generados por empresas constructoras y de servicio de contenedores. De ninguna manera puede utilizarse para otro tipo de residuos.

Esa decisión zanjó una extendida polémica que se abrió desde el momento mismo cuando que la empresa efectuara la donación en marzo de 2017, atendiendo a  la necesidad que el municipio tenía sobre de un predio vecino al vertedero San Javier, a fin de ampliar su capacidad de recepción de residuos. El gesto fue expuesto como un ejemplo de articulación público-privado para asegurar el desarrollo económico y social de una comunidad.

Al respecto se hablaba de nuevos procesos de industrialización de la basura, superando el mero enterramiento sanitario. Pero otra fue la mirada de los vecinos de Villa Juanita, en la zona sudeste de la ciudad, colindante con el Vertedero san Javier. 

Se movilizaron al Concejo deliberante y advirtieron no sólo los nuevos perjuicios que iban a padecer sino los incumplimientos que la decisión municipal podría tolerar trasladando su costo a las espaldas de todos los vecinos. Lo que dijeron es que detrás de la donación se ocultaban vicios de gestión pública y de usufructo incorrecto por parte de una empresa privada.

Los concejales de entonces pudieron verificar que lo que se donaba era una fosa improductiva para la empresa, que estaba en condiciones deplorables y constituía un pasivo ambiental que debía repararse. Si se aceptaba la entrega, la amortización de la tarea que debía realizarse quedaría a cargo de los capitalinos, especialmente de los residentes en la zona.

Cabe recordar que la normativa vigente en el Municipio exige que  no puede haber un relleno sanitario a menos de 500 metros de una población que es preexistente. Tal fue el muro que impuso el Concejo Deliberante para frenar un proceso en el que el Ejecutivo municipal tenía un legítimo interés.

La cuestión ambiental y la higiene pública no pueden estar ausentes en ninguna gestión de gobierno. En el mundo, el tratamiento de los residuos es una problemática que convoca a expertos y gobernantes para resolver las dificultades que generan en ambos ámbitos. La educación y concientización ambiental son fundamentales si se pretende una sociedad con hábitos positivos, pero la principal obligación es del Estado en orden a no dificultar su desarrollo.

La ordenanza aprobada ayer fue producto de un trabajo a conciencia, que protegió los intereses públicos y privados puestos en juego a partir de una donación.

Salta, 20 de setiembre de 2018

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