Control

Opinion 21 de septiembre de 2018
El Ejecutivo Provincial presentó oficialmente como un proceso de normalización del Ente General de Parques y Áreas Industriales la decisión de su intervención como consecuencia de graves irregularidades que detectara la Sindicatura General.
parque industrial

El Boletín Oficial publicó hoy el  Decreto 1080, de la Secretaria General de la Gobernación del 19 de Septiembre pasado, disponiendo el descabezamiento de ese organismo y la designación como interventor del empresario Gustavo Esteban González. Los fundamentos, contenidos en los Considerandos de la norma, se centran  en graves irregularidades en el funcionamiento del Ente detectadas por una  Auditoría de la Sindicatura General de la Provincia.

Se trata de cuestiones relacionadas con control interno, recursos propios, gastos en personal y gastos operativos, dice el decreto que precisa que existiría un faltante de fondos y valores provenientes de la recaudación de las ventas de lotes, los que no habrían sido efectivamente depositados y acreditados en la cuenta bancaria oficial. También se observaron cuotas vencidas de contratos de ventas de lotes que, por encontrarse en una situación incierta, no ha sido posible verificar si han sido efectivamente cobradas. Allí no se agotan las irregularidades porque  hubo pagos indebidos de sueldos y la confección improlija de cheques, por imprudencia o negligencia,  que habría facilitado la maniobra de adulteración posterior incrementando el valor original.

Lo actuado en el Ejecutivo Provincial es un proceso que tuvo su punto culminante en febrero pasado, cuando se formalizó una denuncia penal en la Fiscalía de Delitos Complejos y que siete meses después llevó a la intervención del Ente, conducido por un directorio que gestionaba ad honorem. La información oficial advierte que las situaciones irregulares en la administración del organismo sucedieron antes del ingreso de las actuales autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, que encabeza Paula Bibini.

 La cuestión tiene dos aspectos; por un lado, es la misma gestión de gobierno. Más allá del reemplazo de un fusible, que implica la eventual designación de un nuevo ministro, lo cierto es que los supuestos ilícitos se cometieron durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey. El ente afectado fue creado a instancias de este mandatario, a través de una ley de promoción de parques y áreas industriales, sancionada en noviembre de 2011. La iniciativa forma parte de una política que, desde su primer período, planteó como prioritaria y que significa agregar valor a la producción salteña.

El segundo aspecto es que se trata de un hecho que ha puesto a prueba la eficacia del sistema de control público, creado con la reforma constitucional de 1994 para el funcionamiento de dos instancias: una previa y una posterior. Fue la Sindicatura General la que determinó la existencia de irregularidades, cometidas cuando el ministerio del que funcionalmente depende el Ente, estaba en manos de quien luego lo investigó en su condición de Síndico.

Más allá de las peculiaridades de este caso, del que aún se espera la información judicial, debe destacarse que el sistema democrático contiene las herramientas necesarias para corregir anomalías, incumplimientos o investigar ilícitos. No menos cierto es que debe mediar la voluntad política de hacerlo, exigiendo el adecuado funcionamiento de dichos mecanismos, hasta sus últimas consecuencias.

Salta, 21 de setiembre de 2018

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