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Política 12 de septiembre de 2018
En un clima de creciente tensión social, que no solo se vincula a la gestión del gobierno de Cambiemos sino también al manejo de los asuntos provinciales, la Justicia no queda exenta de críticas y cuestionamientos. De allí que el cambio de mando en la Suprema Corte o la designación de jueces en Salta, generan observaciones que deben ser atendidas.
justicia ciegas

Por ello es que en un lapso de cinco días, el Consejo de la Magistratura de la Provincia tuvo que pronunciarse sobre un mismo tema impuesto por presentaciones del Foro de Observación de la Calidad Institucional, que actúa bajo la sigla de FOCIS. La entidad se ha constituido especialmente con abogados, a fin de realizar un seguimiento del funcionamiento de las principales instituciones o temas institucionales provinciales.

Es así que el FOCIS se ha involucrado en la actuación de un miembro del Consejo que, teniendo supuestas razones para excusarse, no se corrió de la selección de un magistrado con la que está unida por lazos personales. En definitiva, los recursos que el Foro presentó en el marco de un caso abierto a partir del pedido de remoción de la jueza Adriana Rodríguez presentado por un diputado capitalino, fueron resueltos por cuestiones formales. Quedó flotando como tema de debate, no ya la legalidad, sino la naturaleza ética de conductas expuesta en el seno de una institución relevante para el funcionamiento de la Justicia, como es el Consejo de la Magistratura.

Si bien no son temas de manejo doméstico, todo lo que se vincula con un poder esencial de la democracia –como es el Judicial- genera inquietudes que impactan finalmente en el ánimo social. Por ello es que la elección del nuevo presidente de la Corte de Justicia pasó a ser un elemento de análisis de una complicada realidad nacional, equiparable incluso con el avance que viene registrándose en la definición del próximo presupuesto del gobierno de Mauricio Macri.

La decisión de cinco jueces sobre la conducción de la Corte se incorporó la agenda de análisis público, no como una resolución de carácter institucional sino como un hecho contaminado por una dudosa intencionalidad política. Al respecto, no hay cuidados respecto de sostener una imagen de confiabilidad de un sistema que aún construye su sustentabilidad.

Es en ese marco que toma mayor cuerpo un relevamiento realizado en agosto pasado por la  Universidad de San Andrés, que ubicó en el penúltimo lugar de una escala de prestigio institucional, a la Justicia. Solo los partidos políticos tienen una peor consideración en el aprecio de la sociedad y ambos sectores se encuentran muy lejos de los científicos, que lideran la medición e, incluso, la pequeña y mediana empresa, que es en el país la mayor dadora de trabajo.

Es responsabilidad de los gobernantes y de la dirigencia en general recomponer las relaciones con la sociedad de las principales entidades políticas, sociales y económicas. Es lo que exige una democracia que debe fortalecerse con calidad institucional.

Salta, 12 de septiembre de 2018

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