Exclusión

Opinion 07 de septiembre de 2018
Los senadores sesionaron ayer y analizaron la situación generada por la reforma de los planes de viviendas del Estado. A más de un año de una profunda modificación, la actual crisis económica convocó a los legisladores a analizar su impacto en un ámbito de fuerte incidencia social.
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Cabe recordar los programas federales que desde 2008 se crearon en el ámbito de organismos dependiente del entonces ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que condujo sin interrupción hasta 2.015 el arquitecto Julio de Vido. Se trata de seis modalidades de construcción y mejoramiento de viviendas de carácter social que estuvieron vigentes bajo el nombre de “Programa Federal de Integración Sociocomunitario”, “de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica II”, “de Construcción de Viviendas - Techo Digno”, “de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, “de Vivienda y Mejoramiento del Hábitat de Pueblos Originarios y Rurales” y el “Programa Federal De Mejoramiento de Viviendas - Mejor Vivir II”, creado en 2010. A ellos se sumó en 2012 el Plan de Acción “Más Cerca: Más Municipio, Mejor País, Más Patria”.

En 2017, el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda produjo un cambio significativo al eliminar estos programas. A través de una resolución se fundó la reforma en una evaluación del  desempeño de los programas de vivienda y hábitat vigentes, en la que se verificó la existencia de actividades y funciones superpuestas, replicándose en cada programa actividades comunes a todos ellos, generando una dispersión de esfuerzos administrativos y una ineficiente utilización de los recursos con el consiguiente atraso en la ejecución de las obras así como también una distribución territorial inequitativa de dichas obras.

En pos de una gestión más eficiente, ágil y eficaz, se reemplazaron por dos planes: el Nacional de Vivienda y el Nacional de Hábitat. Este último tiene como objetivo principal mejorar el acceso al hábitat en áreas precarias urbanas y en las localidades más vulnerables de todo el país, a través de la inversión en obras de infraestructura básica -como agua y saneamiento-, vehicular y peatonal, espacio público, equipamiento comunitario y mejoramiento de la vivienda. Salta ha resultado beneficiada con una inversión de más de 2 mil millones de pesos para desarrollar acciones en zonas desfavorables como Rivadavia.

El restante es el que ha generado la preocupación de los senadores provinciales ya que es la herramienta principal para atender el déficit habitacional existente en el país. Sus disposiciones establecen diferentes líneas de acción, tendientes a facilitar a la población con recursos económicos insuficientes, el acceso a una vivienda adecuada, en el marco de un desarrollo urbano sustentable. Y esos recursos ponderados imponen un techo; se prioriza a aquellos cuyos ingresos no superan dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. 

De allí que 22 de los 23 senadores pidieron a los legisladores nacionales que se atiendan la pérdida del poder adquisitivo de la población, producto de la corrida cambiaria, y eleven ese monto a por lo menos 4 salarios, incluyendo a mayor cantidad de población entre los beneficiarios.

Urgen esos cambios para superar una exclusión que produce un aumento del déficit habitacional.

Salta, 07 de setiembre de 2018

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