Protección

Opinion 29 de agosto de 2018
El intento por sancionar la conducta de un legislador terminó con su pedido de perdón. La decisión de la Cámara de Diputados no conformó, pero fue un punto equidistante para cerrar un enojoso capítulo en la actividad parlamentaria de este año.
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El macrista Andrés Suriani tuvo que enfrentar un dictamen de apercibimiento de la Comisión de Legislación General, por sus expresiones en una controvertida campaña contra la incorporación de la perspectiva de género en la educación sexual. El trámite del debate lo llevó a pedir perdón por sus dichos para evitar la sanción. El pedido de disculpas alcanza a sus pares y  a todas las entidades y personas que se hayan sentido agredidas por él.

El debate puso en foco la conducta que se reprochaba, que era la negación de las leyes nacionales de identidad de género, contra los actos discriminatorios y la 26.791, que contempla la figura del femicidio. Pero en algunos trámites transitó por el carril de los fueros y el débil apoyo que el reprochado logró fue a través de ese recurso al que echaron mano quienes encararon la difícil tarea de defender a su par.

Nuevamente la cuestión de los fueros parlamentarios entr{o en discusión. Están establecidos constitucionalmente y se reconocen, más que como garantías, como privilegios de inmunidad, que permiten la libre expresión de los legisladores sin temor a las querellas por difamación o a las acciones legales de naturaleza civil, salvo el caso de la comisión de delitos criminales.

Las Constituciones Nacional  y Provincial reconocen dos tipos de fueros: la Inmunidad de Opinión y la Inmunidad de Arresto. Los receptan, respectivamente, en los artículos 68 y 69 y 120 y 121. En el caso provincial, el de  Inmunidad de Opinión señala que los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

Eso es lo que destacaron quienes salieron a imponer, por encima de la razón del apercibimiento,  el derecho a la libertad de expresión de los legisladores. Aun disintiendo con la opinión que generó el conflicto, un caso fue el del diputado oficialista Matías Posada, quien quiso evitar que se siente un peligroso antecedente y se aprestaba a votar en contra de cualquier sanción.

El ciudadano común puede mirar los fueros como una línea que lo separa de quienes ejercen su representatividad política. Es que la libertad de expresión de los parlamentarios no pareciera ser motivo de persecuciones políticas o de represalias de los otros poderes del Estado, como para necesitar un resguardo especial. Más bien supone que se ha extendido una deleznable práctica política que ha desnaturalizado los objetivos de los fueros y los ha convertido en mecanismos de resguardo frente al accionar de la justicia.

En el caso que trató ayer la Cámara de Diputados, no era la opinión del legislador la que se pretendía acotar. Se reconocía la desviación que manifestaban por las creencias personales, religiosas, o del orden que fuesen y que debilitan su capacidad de velar por la erradicación de la discriminación y de la violencia.

Un diputado salvó sus fueros. La Cámara se protegió como cuerpo.

Salta, 29 de agosto de 2018

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