Espanto

Opinion 27 de agosto de 2018
Un sombrío panorama describieron los constructores salteños a legisladores nacionales. En el afán de no perder participación en la distribución de recursos destinados a la obra pública, llamaron la atención sobre la situación por la que atraviesan, consecuencia de un proceso de marginación de la capacidad de trabajo de las empresas del interior del país.
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El encuentro, que no tiene mayores antecedentes, demuestra la preocupación de senadores y diputados frente a la circunstancia de aprobar el llamado presupuesto del ajuste. Los convocantes, nucleados en las cámaras que en salta representan a las empresas constructoras, expusieron los aspectos más relevantes de la actual coyuntura, que se expresa en la paralización de la construcción de 3.500 viviendas por falta de actualización de precios, mil doscientos despidos y un padrón de empresas reducido en un 30%.

En la oportunidad cuestionaron la concentración de la obra pública en un grupo de grandes empresas radicadas en las cercanías de los centros de poder, cuyos propietarios o CEOS transitan hoy los pasillos de tribunales federales donde se ventilan casos de corrupción. Tomaron distancia del reconocido como el Club de la Obra Pública, al que se refirió la ex presidente Cristina Fernández a la que un informe judicial conocido el viernes la coloca a la cabeza de una asociación ilícita.

La urgencia de los constructores salteños tiene que ver con el impacto en el flujo de recursos para el pago de obras en marcha o para iniciar nuevos emprendimientos. Pero también se vieron empujados al observar una reactualización de la llamada teoría del derrame, que los economistas liberales desconocen pero distintos sectores adjudican a modelos neoliberales como el de la década del 90 y que se insinúa desde la asunción del gobierno de Cambiemos.

Básicamente, este modelo de gestión de los recursos públicos consiste en volcarlos sobre ciertos grupos privados, asegurándoles altas tasas de rentabilidad o ganancia, cuyo excedente debe caer sobre el resto del tejido social en forma de trabajo, educación, salud; en definitiva, en mayor bienestar general. Nada de eso suele suceder y los esfuerzos del Estado se limitan a políticas económicas que no arrastran mejoras sociales. Muchos países de la región son clara muestra del fracaso de esta teoría, que crea unos pocos ganadores y muchos perdedores que no encuentran contención en el sistema.

De allí que los empresarios salteños, que tienen pequeñas o medianas empresas, solicitaron a los legisladores nacionales que aprueben obras con impacto en mano de obra y se les permita participar de alguna manera. Grandes obras en pocas manos no ha sido la forma más eficiente de utilizar fondos nacionales.

También se ha marcado la inequidad respecto de la distribución geográfica y prueba de ello es la reorientación del destino de obras ferroviarias que debían invertirse en el norte de la Provincia y se giraron a Santa fe. Y el ejemplo emblemático es la eliminación del Fondo de la Soja, el instrumento más igualitario que favorecía a provincias y municipios y financiaba obras públicas.

Los constructores lograron un compromiso. Se trata del trabajo conjunto de los miembros salteños en ambas cámaras, sin diferencias políticas.

El espanto los ha comenzado a unir.

Salta, 27 de agosto de 2018

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