Ley

Opinion 09 de agosto de 2018
Nada empaña la alegría del presidente Mauricio Macri; ni las corridas cambiarias, ni el fracaso de sus políticas anti inflacionarias. Tampoco la alteró que sucumbiera el proyecto de ley de legalización del aborto, cuyo debate él mismo propusiera en el afán de convertir a la Argentina en un país moderno, a tono con un mundo desarrollado que hoy lamenta la decisión del Senado de la Nación Argentina.
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Hoy dijo estar muy contento porque se ha avanzado en construir el diálogo y la tolerancia y ubicó la discusión sobre el aborto entre los debates que comienzan y van a continuar. Prometió que incluirá en su agenda la educación sexual en las escuelas, pese a que es su propio gobierno el que desfinanció el Programa de Educación Sexual Integral.

No es la única incoherencia que quedó develada tras este proceso que se inició en abril pasado y alcanzó un punto esperanzador el 14 de junio, cuando la cámara de los representantes del pueblo le dio media sanción. En el Senado, los referentes más cercanos a su gestión fueron artífices de la negativa a cambiar una situación configurada por una ley de 1921, que sólo permite el aborto en caso de violación o riesgo de vida para la madre y no facilita que las mujeres decidan  cómo y cuándo ser madres.

El propio Presidente de la Nación ha reconocido que hay un problema de fondo y es que hay 100 mil chicos que nacen de embarazos adolescentes no deseados. Su interés por el destino de esas madres es que tengan la posibilidad de elegir, de planificar su vida pero los legisladores que reflejan su pensamiento con precisión por su mayor cercanía, le quitan herramientas. El bloque oficialista en el Senado es el que aportó la mayor cantidad de votos negativos a una ley que ha provocado la mayor movilización social desde comienzos de este siglo. Quienes tenían poder decisión incluso hicieron oídos sordos a lo que reclamaron miembros del gabinete de Macri involucrados directamente con la problemática, como el ministro de Ciencia, Lino Barañao y el de Salud, Adolfo Rubinstein, quienes pidieron poner fin a muertes evitables garantizando que las mujeres puedan abortar de forma segura.

El debate también marcó otra incoherencia. Las provincias más pobres votaron unánimemente en contra de una ley vinculada a sus problemáticas sociales más profundas; donde está enraizada la pobreza es donde más muertes de mujeres se registran por la práctica de abortos clandestinos y violencia doméstica. Los legisladores de las provincias del Norte, en ambas cámaras dejaron sin voz a quienes reclaman que se terminen las penurias que se desarrollan en la penumbra del atraso social.

La brecha entre la sociedad y su dirigencia ha quedado expuesta. Los avances en materia de derechos sociales son producto de la lucha de los grupos marginales y no de quienes, desde el ejercicio de cargos públicos, buscan mejorar las relaciones internas del poder. En la cuestión del aborto quedó demostrado que la Argentina es el país del papa Francisco.

Pero también es el país de mujeres y jóvenes que han resuelto alcanzar objetivos con participación, sin acuerdos espurios y sin voluntad de ceder el espacio que se va ganando. Por eso, la legalización del aborto será ley.

Salta, 09 de agosto de 2018

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