Revolución

Opinion 06 de agosto de 2018
Cuando todavía no se ha alcanzado el punto máximo de tensión, generada por el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, hay sectores políticos y sociales que avanzan con una cuestión que reaparece recurrentemente en el país. Se trata de la separación de la Iglesia y el Estado, que ya es centro de una campaña que en no pocos lugares y momentos se está superponiendo a la que está a favor de la legalización del aborto.
mario cargnello

En Salta, un avance concreto se encarnará en un proyecto de ley para que la Iglesia Católica pague impuestos sobre los inmuebles que integran su patrimonio, buena parte de los cuales fueron donaciones del propio Estado. Según un informe de la Dirección General de Inmuebles, que responde a un pedido de la Cámara baja,  el Arzobispado tiene en esta capital 111 terrenos recibidos en carácter de donación por parte del Estado, la mayoría de los cuales están edificados y en zonas urbanas. En todo el territorio provincial, los inmuebles superan los 300 y según la fuente indicada, en los últimos 40 años se incorporaron a su propiedad 800 mil metros cuadrados construidos.

No es un dato menor y no solo por su significación económica. Tiene un fuerte peso político ya que puede describirse la influencia del poder religioso en la acción de gobierno, según los beneficios y privilegios que fue acumulando en distintas épocas. La última dictadura militar le transfirió 32 propiedades, cifra superada por las entregas del gobierno del ex gobernador Juan Carlos Romero, que totalizaron 35 inmuebles, número superado por la generosidad demostrada por el actual mandatario, que ya donó 45 propiedades en zona urbana y unas 150 hectáreas rurales.

Podría suponerse una actitud especulativa de la Iglesia en una relación ahora firmemente cuestionada, que no se limita a la Provincia sino que se está extendida a todo el país, con diferentes particularidades según cada Provincia.

La discusión sobre la separación entre Iglesia y Estado lleva más de medio siglo en la Argentina, aunque desde hace menos de un quinquenio renació a partir de la difusión de diversos hechos que impusieron el tema en la discusión pública. Para ello debe considerarse que anualmente serían entre 10 y 15 mil millones de pesos los que anualmente se lleva la institución, según los cálculos de la Coalición Argentina por un Estado Laico. En ese monto se incluyen no solo los 130 millones que reconoció el Jefe de Gabinete de la Nación que se destinan al pago de haberes de los obispos, sino también los aportes de los Estados nacional, provinciales o municipales en exenciones impositivas, subsidios a colegios, mantenimiento de iglesias, cesión de inmuebles fiscales, etcétera.

Cabe señalar que el artículo 2 de la Constitución argentina establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano” y en la campaña que incipientemente se viene expresando, se está demandando que por vía legislativa se establezca la interpretación de la palabra “sostiene”, que no necesariamente sino  simplemente que se dé algún tipo de apoyo institucional formal, no dinerario, a la Iglesia Católica.

Todo parece indicar que lo que ocurra el próximo miércoles en el Senado de la Nación sólo será un hito en un proceso de cambios significativos, por aquel principio de que si a una revolución le sucede una reacción, a una revolución inconclusa le sigue otra revolución.

Salta, 06 de agosto de 2018

 

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