Innoble

Opinion 03 de agosto de 2018
Los tres senadores nacionales por Salta votarán en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Se suman así a la posición sustentada por los siete diputados nacionales, que el 14 de junio restaron su apoyo a un proyecto que desde abril pasado mantiene movilizada a toda la sociedad.
romero senado recinto

Es cierto que ningún partido político dio mandato a sus referentes en el Congreso; al contrario, le habilitaron la libertad de acción para que actúen de acuerdo a sus convicciones porque no había tampoco un mandato popular. Esos temas profundos que la sociedad carga como puede sobre sus espaldas, no son debatidos en campaña ni se exponen como de interés de la dirigencia política.

Los legisladores asumieron la responsabilidad cuando, tras la creciente movilización de las mujeres demandando la atención en los problemas de género y en sus derechos postergados, empujaron al Presidente de la Nación a habilitar el debate poniendo su opinión en contra como la primera expuesta públicamente. Debe reconocerse que los legisladores vienen actuando con seriedad y madurez, permitiendo que especialistas se pronuncien y alineándose individualmente, aun a costa de disensos profundos en sus bloques. Se llegó así a la media sanción de Diputados.

En el Senado se dedicó un tiempo prudente y en ese lapso expresaron su voto negativo los salteños Rodolfo Urtubey y Cristina Fiore. El primero dijo que para él la solución “no es un aborto libre, discrecional y sin causas” y manifestó estar convencido que en el fondo no es una cuestión jurídica sino que involucra otros aspectos. Fiore asumió la responsabilidad personal de construir su decisión pese a reconocer que por primera vez le toca enfrentarse ante un dilema que para ella es “de vida o muerte”. Y anticipó su negativa, declarando que no es de los senadores que le tiene miedo a la gente.

Solo Juan Carlos Romero jugó con la expectativa de los sectores que desde la calle opinan, reclaman, demandan. Finalmente anunció su voto negativo a través de su cuenta de Twitter. 

En Salta no comparte espacios con la sociedad. No frecuenta reuniones ni toma posición pública sobre las problemáticas provinciales; ni siquiera participa de un debate en un medio de comunicación. Cuando el plenario de comisiones debió emitir dictamen, estuvo ausente y extraoficialmente se supo que estaba en algún lugar, de viaje; fuera del país, se dijo en alguna crónica periodística.

Dio por hecho que “existe la convicción mayoritaria de los salteños de que la ley sobre la legalización del aborto no prospere”. Pero no reveló qué es lo que piensa sobre la cuestión que debe decidir. Su voto se construyó con el aporte de un sondeo de opinión, porque a un poco más de un año que se extinga su extenso mandato de senador nacional, con fueros incluidos, ya está trabajando en su reelección y no puede cometer el error de ir contra la mayoría.

Sobre el fin de su carrera política muestra que es liberal en lo económico pero conservador en lo social. En la década del 90, Romero impuso a los salteños una política que sacó al Estado de la prestación de servicios esenciales y dejó a la población sometida a los designios del mercado. Y en esta circunstancia, en la que se está tratando de resolver un problema de salud pública, resta su apoyo y no plantea una alternativa.

En el mejor de los casos, puede decirse de este político que ocupa cargos públicos desde hace más de 30 años, que es innoble.

Salta, 03 de agosto de 2018

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