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Opinion 02 de agosto de 2018
El Jefe de Gabinete se fue con tarea para la casa del plenario que escuchó su informe mensual en la Cámara de Diputados de la Nación; particularmente legisladores del interior le advirtieron que no van a acompañar ningún ajuste que impacte en la estructura de los fondos sociales.
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Y a ese reproche se sumaron los diputados oficialistas al punto que se conoció que un grupo de radicales de la coalición gobernante, presentaron un proyecto de declaración para solicitar al Poder Ejecutivo nacional que revise los cambios en las asignaciones familiares.

Ese fue uno de los principales puntos de fricción entre el representante del Ejecutivo nacional y los parlamentarios, luego que se dispusiera cambiar la modalidad de pago de las asignaciones familiares eliminando los beneficios por zona desfavorable que recibían beneficiarios de la Patagonia y el Norte del país. Puntualmente se lo reclamaron ayer los representantes salteños Sergio Leavy, Javier David, Andrés Zottos y Pablo Kosiner, sumándose al reclamo que efectuara el Gobernador de la Provincia en el mismo momento de conocerse la decisión nacional.

La exhortación a desandar el camino iniciado con la reducción a la mitad del monto que percibían decenas de niños de los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y los Andes, no encontró eco inmediato en las autoridades del gobierno de Mauricio Macri. Precisamente ayer y a través de Marcos Peña se ratificó el mensaje que ese ajuste en la inversión social responde a la necesidad de corregir situaciones de inequidad. No se observa predisposición a revisar un criterio erróneo que pareciera reflejar el desconocimiento de la realidad de cada región del país, o una interpretación equivocada de situaciones que se repiten, aún en bolsones de la zona desarrollada del país. Y hubo que indicarle que no es lo mismo la pobreza en un área que concentra más del 30% del PBI que en franjas donde esa participación es de décimas por encima del cero o de 1.14%, tal el caso de la Provincia de Salta.

En el espacio institucional más federal del país, como es el Congreso, se escucharon voces que a partir de los referencias puntuales a medidas recientes llegaron a cuestionar el criterio político de conducción del país. La necesidad de reducir el déficit fiscal, que ningún sector discute, no puede ajustarse a un ajuste en los gastos sino  que deben discutirse también los ingresos, especialmente promoviendo una mayor actividad económica con medidas de estímulo a la producción y el consumo.

Los diputados le presentaron incluso la denuncia por el desfinanciamiento de programas destinados a preservar el empleo, que efectuaran los Ministros de Trabajo de todo el país, que evaluaron la situación en una reunión la semana pasada. Es lo que está ocurriendo con el Programa de Recuperación Productiva, a través del cual se paga una suma fija mensual para completar el sueldo de la categoría laboral  de un trabajador, acompañando el esfuerzo de empresas por mantener empleo en blanco o blanquearlo, como parte de la política de lucha contra la economía informal. Cabe recordar que también tiene problemas el Programa Intercosecha y se suman ahora las exigencias en torno de las Asignaciones Familiares.

Estos recortes están dificultando la actividad de la pequeña y mediana empresa e interfiriendo en cualquier propuesta para la radicación de nuevos emprendimientos. De esa manera se frustran las iniciativas anticíclicas  o de cualquier naturaleza que encaren los gobiernos de provincias, que no tienen capacidad de frenar las embestidas de medidas macroeconómicas.

Es un momento difícil, que hasta el propio Gobierno Nacional ha comenzado a reconocer bajo la figura de tormenta o tempestad. De allí que reducir o retirar el colchón de recursos en el que se morigera el impacto de la crisis, se muestra como el mayor error político de este tiempo.

Salta, 02 de agosto de 2018

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