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Opinion 01 de agosto de 2018
Va tomando intensidad el debate político en la Provincia, a medida que se acerca el año electoral. Luego que se anunciara la integración de una comisión bicameral para analizar la reforma constitucional, el tema se coló en la sesión de Diputados y comenzaron a sumarse quienes están en contra de tratar el tema en este tiempo, en que las urnas han comenzado a acondicionarse.
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Si finalmente se instala en el ámbito de la Legislatura, que debe declarar la necesidad de tal reforma, tomará cuerpo el debate político más importante desde el punto de vista institucional. Ello es así teniendo en cuenta que es un elemento fundamental en la organización política de un Estado. Fija los límites y relaciones entre los poderes, establece los derechos y los deberes de los ciudadanos y gobernantes, como también la organización del territorio.

Es susceptible de ser reformada, con el objetivo de su mejoramiento pero es saludable esperar que la tarea de una Convención Constituyente apunte a la permanencia en el tiempo de sus disposiciones. No puede quedar expuesta al capricho, antojo o interés de un grupo político. En el caso de Salta, ha comenzado a llamar la atención el afán reformador de cierta dirigencia de la Provincia.

La marcha de la democracia recuperada hace casi medio siglo siempre genera la necesidad o la tentación de cambiar las reglas de juego. Hay una demanda legítima cuando la intención es modificar preceptos cuya práctica ha generado distorsiones nocivas. La incomprensión del alcance de los principios republicanos, como la alternancia en el poder, convirtió a la participación en la política en una profesión y al patrimonio público en un bien mostrenco del que se apropian a perpetuidad.

Empinados referentes de la política, como el propio Intendente de la Capital, reconocen que la reforma podría tener consenso social pero cuestionan la oportunidad. Gustavo Sáenz aceptó que se reforma lo que le conviene a la dirigencia, especialmente a los que deben dejar determinados puestos electivos, y de allí que es una tarea que se encara conforme a esa conveniencia. Pero confrontó esa actitud con lo que demanda la sociedad, que puede seguir esperando que se termine con reelecciones indefinidas pero no puede seguir tolerando problemas que generan políticas de gobierno.

La crítica fue relativizada por otro hombre fuerte de la política lugareña, el Presidente de la Cámara de Diputados, quien interpretó que se trata de más de lo mismo: el interés de un grupo que trabaja por tomar la conducción del Estado provincial. El intercambio desnuda que todavía la cuestión reformista no bajó a la ciudadanía y, por ahora, es una preocupación personal o sectorial que le resta envergadura al debate.

Tampoco es cierto que este tipo de discusiones no pueden puede imponerse cuando hay urgencias sin atender, como la pobreza, la desocupación, un sistema de salud colapsado, una educación de baja calidad y una fuerte incertidumbre por el tiempo por venir. El debate social sobre el aborto, que no elude el abordaje de manera tangencial de estos problemas, es un mentís de este supuesto.

Hay quienes proponen cumplir con la Constitución vigente, con la expectativa que la conversión de su letra en práctica constante, sea la que determine la necesidad de la reforma. La sociedad debiera hacer esa prueba.

Salta, 01 de agosto de 2018

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