Cepo

Opinion 30 de julio de 2018
Por el simple trámite de un decreto, el Ejecutivo Provincial resolvió el ajuste salarial de este año para la administración pública. Ya venían desarrollándose reuniones vinculadas a la reapertura de las paritarias y las entidades sindicales del sector aspiraban cerrar 2018 con un 30% de ajuste, con el fin de evitar que la inflación aplaste los salarios.
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La decisión se ampara en las medidas implementadas por el Gobierno Nacional que “limitan e impactan directamente en la asignación de recursos destinados a la Provincia”. Si bien se ha ratificado el propósito de “atender a las necesidades socio-económicas de los trabajadores del Estado”, toda intención queda acotada a las posibilidades presupuestarias y financieras de Salta, las que permiten otorgar solo un 5% por encima de lo acordado, cuando la previsión del gobierno central era la de ponerle un techo a la inflación en el 15%.

Demasiado lejos quedaron las estimaciones que justificaron el acuerdo y aunque sólo han transcurridos cinco meses, en ese lapso hubo una pronunciada corrida cambiaria y la salida del país del mercado financiero internacional, que lo arrinconó en el Fondo Monetario Internacional. Esto ha significado que tanto el Estado nacional como los provinciales queden obligados a un ajuste significativo en sus cuentas.

La opción del Gobierno local de mejorar ingresos para evitar mayor ajustes en los gastos que los ya dispuestos en diciembre último, no parece viable luego del anuncio de la conducción económica nacional que el recorte en la remisión de fondos a Salta rondará los 3.600 millones de pesos. Con ese cepo, no hay modo de negociar ajustes salariales sino aumentar lo posible, para no trasladar a los trabajadores el esfuerzo de un déficit que no han generado.

Cabe recordar que los gobernadores deben escoger entre aceptar la desaparición del Incentivo Docente y hacerse cargo de esa parte de los salarios de los maestros; la disminución de los subsidios del transporte, que obligaría a encarecer aún más el boleto de colectivo; la eliminación del  Fondo Federal Solidario, restando recursos que permiten a los municipios dinamizar sus economías a través de la realización de obras o la desaparición del FONAVI, que dejaría a las provincias sin fondos para la construcción de viviendas. Todo ello no considera otra medida ya decidida por el gobierno federal, como es la reducción en un 50% el presupuesto 2019 para obras públicas de la Nación.

Cualquiera de estas opciones impactará sobre los niveles de empleo, consumo y recaudación, generando una espiral de decadencia de toda la actividad económica de Salta, reconocieron las autoridades económicas locales. Habrá entonces menos recursos propios.

Hasta junio, la inflación ya había doblado la mejora salarial en cuotas que el Ejecutivo venía pagando; en el primer semestre de este año se ubicó en un 16% cuando las dos actualizaciones aplicadas sumaban 7.5%. Por ello es que se dispuso pagar a partir del sueldo de julio y hasta fin de año, ajustes escalonados para morigerar en parte el desfase que genera el crecimiento de precios y tarifas. Esos cinco puntos que se adicionarán equivalen a casi 500 millones de pesos, mensuales.

La decisión adoptada por decreto es la ratificación que el Gobernador de la Provincia transita por un corredor cuya única salida está cerrada por el gobierno nacional. Y en esa situación le queda mantener su convicción que el mejor aumento es el que se puede pagar.

Salta, 30 de julio de 2018

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