Alerta

Opinion 27 de julio de 2018
El 8 de agosto va camino a convertirse en un “super miércoles” atento a que el Congreso de la Nación va a tener una importante actividad. Para ese día está previsto que el Senado trate la ley de interrupción voluntaria del embarazo y que la Cámara de Diputados tenga una sesión especial, solicitada por la oposición con el objetivo de lograr que se dé marcha atrás con el decreto 638/18, publicado este martes en el Boletín Oficial, que dispuso la reestructuración de las Fuerzas Armadas.
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La dinámica de la política nacional, condicionada por una profunda crisis económica y la necesidad del Ejecutivo de avanzar en la resolución de numerosos problemas acuciantes que van emergiendo en distintos ámbitos, obliga a un estado de vigilia constante por parte de todos los sectores políticos. Es así que a la agenda de urgencias que tienen definida los bloques parlamentarios, hoy se sumó otra cuestión de impacto social, como es la modificación por decreto del régimen de asignaciones familiares, con el fin de "ordenarlo, darle mayor equidad y aumentar la cobertura", según se expresa en los considerandos.

Respecto de las modificaciones en el rol de las Fuerzas Armadas, que ayer motivara multitudinarias marchas en todo el país, el gobernador Juan Manuel Urtubey expresó su apoyo, por considerar que “el mundo cambió y la lógica de la amenaza externa ya no existe; nuestro enemigo es el narcotráfico”, como manifestara en declaraciones periodísticas.

Sin embargo, la ambigüedad  y el riesgo de la discrecionalidad no convence tanto al sector parlamentario que representa a Salta en la Cámara de Diputados de la Nación. Así lo ha advertido por Aries Pablo Kosiner, quien también tiene la responsabilidad de presidir Argentina Federal, un interbloque que nuclea a parte del peronismo, sector por el que el mandatario pretende llegar a la Presidencia.

Con una posición crítica a la emisión de decretos genéricos que luego dan lugar a malas interpretaciones, este legislador puso sobre el tapete otras situaciones que podrían evitar problemas que ya han vivido otros países que están volviendo de la experiencia de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas. En ese orden propuso que Gendarmería retome la vigilancia de las fronteras.

Actualizó la polémica que oportunamente generó la decisión del gobierno de Cristina Fernández al llevar a esa fuerza a reforzar la seguridad del Conurbano bonaerense. Actualmente son más de 14 mil los efectivos de Gendarmería que actúan en la ciudad y provincia de Buenos Aires, sumando otro servicio que subsidia el interior a la zona central del país.

Aunque el gobernador salteño exhortó a discutir menos y trabajar más, desde el peronismo parlamentario se hará un esfuerzo para intentar un consenso -que el gobierno nacional no buscó- que se considera necesario para llevar adelante de manera moderna y democrática los objetivos de la defensa nacional y la seguridad interior. Es la intención que se declaró para avanzar sobre una cuestión que no ha salido del ámbito de facultades del Ejecutivo nacional.

Son cuestiones de políticas públicas, sobre las cuales la sociedad debe mantenerse alerta.

Salta, 27 de julio de 2018

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