Inclusión

Opinion 26 de julio de 2018
Aunque tenía cierto impulso, finalmente naufragó el tratamiento en el Concejo Deliberante capitalino del proyecto de Ordenanza de cupo laboral trans. Tenía preferencia y dictamen pero no hubo voluntad política. El oficialismo, mediante el trámite de pedir la vuelta a comisión, frenó su avance.
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Se trata de una cuestión que no logra resolverse y esta provincia debe colocarse en la lista de aquellas que adoptan una actitud vergonzante: no registra avance pero nadie se atreve a rechazar la iniciativa. Es así que la Legislatura la trató en ambas cámaras y tras la sanción en Diputados, el Senado introdujo modificaciones y ya no pudo levantar vuelo. En el Concejo Deliberante puede suceder lo mismo; las activistas temen que el proyecto quede demorado en un cajón.

No hay datos precisos sobre la situación laboral de ese colectivo aunque algunas estimaciones, sobre mediciones privadas de 2014, señalan que solo el 18% de las personas travestis y trans tienen un trabajo formal. Según la ONG Presentes, al menos el 80% está o estuvo en situación de prostitución, un destino al que las conducen las distintas formas de exclusión. El INDEC informó que 7 de cada 10 prostitutas quiere otra fuente de ingresos.

El reclamo se visibilizó el 30 de abril pasado frente al Congreso de la Nación, cuando hubo una movilización exigiendo el cupo laboral para travestis y trans, a través de la sanción de una ley. Casi todas las provincias trabajan en ese sentido pero a partir de iniciativas de entidades que las representan, que se canalizan a través de distintos bloque políticos. Solo dos ya tienen ley: Buenos Aires, que la sanción hace dos años pero no la aplicó porque no fue reglamentada y Chubut, en la que está vigente desde mayo pasado y bajo cuyo amparo, la administración pública debe tener el 0,5 por ciento de los cargos ocupados por personas trans y ofrecer capacitaciones y formación.

Las provincias que ni siquiera tienen proyectos en trámite son San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Santa Cruz -que tuvo uno en 2016 pero perdió estado parlamentario al igual que en Entre Ríos- y Tierra del Fuego, aunque la ciudad de Río Grande aprobó una ordenanza este año. En el resto del territorio nacional, la situación es variopinta.

Con proyectos en distinto grado de tratamiento se encuentran Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro y Tucumán, donde las iniciativas en no pocos casos van y vuelven por comisiones legislativas. También hay provincias que si bien no tienen una norma de ese nivel, sí aplican el cupo en municipios merced a sus ordenanzas. Es el caso de Chaco, cuya capital sancionó y reglamentó su norma, al igual que La Pampa con Santa Rosa. Córdoba, desde 2013 intenta aprobarlo como sí lo hizo la ciudad de Bell Ville, que no solo tiene el cupo municipal sino que a las empresas privadas que las empleen, les permite imputar el 70 por ciento de esos salarios brutos al pago de impuestos. Mendoza y Santa Fe tampoco tienen cupo provincial pero sí hay municipios que lo incluyen.

No hubo razones claras para demorar el tratamiento del tema en la sesión de ayer del Concejo Deliberante. Al menos, no las expresó el vocero del oficialismo que pidió la vuelta a comisión ni lo reflejó la votación favorable, que sumó a quienes ya habían dado el visto bueno en un dictamen. Pareciera que no hay voluntad de inclusión.

Salta, 26 de julio de 2018  

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