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Opinion 25 de julio de 2018
Luego que el intendente capitalino cuestionara severamente la falta de sensibilidad social de algunos miembros del Gobierno Nacional, el ministro responsable de la relación con los gobiernos locales y de la obra pública, Rogelio Frigerio, advirtió que se haciendo un esfuerzo para que las obras que están desarrollándose, continúen llevándose adelante.
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Su paralización fue expuesta documentalmente en la sesión de anoche de la Cámara de Diputados, justificando el reclamo del jefe comunal y generando que representantes del interior de la Provincia también hagan notar la frustración que generan los trabajos públicos interrumpidos o no iniciados en distintos municipios.

La descripción de la situación de la obra pública en Salta fue un capítulo más en la sucesión de demandas en la materia, que se inició con la advertencia de los empresarios del sector de la construcción que se refirieron al impacto que tiene, no solamente la falta de proyectos en desarrollo sino de actualización de los precios. Referentes de las cámaras que los nuclean dieron cuenta del esfuerzo de las empresas locales, que vienen financiando los trabajos ante la falta de remisión de fondos nacionales especialmente para la construcción de viviendas sociales y alertando sobre una paralización que ya se expresa en el despido de miles de obreros.

A los cuestionamientos empresarios, refrendados por funcionarios de segunda línea del Ejecutivo Provincial, se sumó la voz del sindicato que reconoce que es la obra privada la que por ahora es la principal fuente de ocupación de los trabajadores de la construcción. Ahora ha comenzado a escucharse a los principales referentes políticos, del oficialismo y de la oposición.

El ministro del Interior del gabinete nacional llegó hoy a Salta y recorrió obras que en esta ciudad son financiadas con recursos nacionales. Interpretó que se trata de obras que le cambian la vida a la gente y exigen el trabajo en equipo, entre los tres niveles de gobierno.

Precisamente no es ese el punto que preocupa ya que desde el último cambio de gobierno se ha observado una fuerte coordinación entre los Ejecutivos. El problema radica en que la crisis económica está exigiendo un aporte de cada sector, que debiera ser proporcional  a la envergadura de cada sector.

 Esas cuestiones son el eje de intensas negociaciones, de las que no han trascendido sus detalles. En el caso de Salta se conoce que perderá no menos de 2.600 millones de pesos de los ingresos de origen federal y se espera su propuesta sobre qué áreas tolerará los recortes. El menú de opciones ofrecido por el Gobierno Nacional, pasaría por recortes en el Fondo Sojero, los subsidios a energía y transporte y, según dicen, en programas sociales, de salud, de educación y de vivienda. También se le habría solicitado que resigne un 5% de la coparticipación del IVA que recibe para financiar la ANSeS, cuando no hace más de un año que recuperó el 15% que venía aportando.

Se da por descontado que se aplicará un ajuste en la obra pública que realiza la Nación en todo el territorio, que debe considerarse una pérdida significativa en un período en que la provincia había comenzado a ser considerada a esos fines. Y sobre tal decisión, la Provincia no tiene injerencia.

En el debate de anoche surgió un mandato: que no se toquen fondos que se invierten en salud,  educación y seguridad. En realidad, sólo es un pedido o una expresión de deseo.

Salta, 25 de julio de 2018

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