Cuestionamientos

Opinion 19 de julio de 2018
La reanudación de la actividad legislativa en la Provincia, incluyendo el reinicio de sesiones del Concejo Deliberante de la Capital, además de la crisis económica, tuvo como tema preponderante una decisión de la Autoridad Metropolitana de Transporte, vinculada a las licencias de para el servicio de remis de esta Ciudad. Dispone requisitos para participar del proceso de asignación de las mismas, que desató un fuerte debate sobre una cuestión que roza aspectos sociales y políticos.
amt

La medida de la AMT, contenida en la Resolución 205 fechada este mes, involucra a las agencias de remis debidamente habilitadas y registradas por la agencia reguladora y que posean el cupo mínimo de licencias exigidas por el reglamento que rige la prestación del servicio impropio de transporte de la región metropolitana. El texto de la norma no pareciera que pudiese alterar una actividad que siempre es centro de polémicas, por la competencia que plantea con el viejo sistema de taxis y porque habilita un amplio margen de informalidad en la prestación.

Señala que las agencias que posean menos de treinta licencias colectivas propias, podrán aspirar a la asignación de hasta otras seis mientras las que tengan más de treinta solo pueden pretender hasta otras cinco licencias colectivas. Quienes conocen los aspectos puntuales del funcionamiento de las agencias insistieron en que, en realidad, se sigue promoviendo la concentración de su manejo en pocas manos, en perjuicio de un amplio grupo de choferes que necesitan asumir la titularidad de una licencia.

El sector afectado recaló en la Cámara de Diputados, que intervino aprobando un proyecto de declaración presentado sobre tablas por el que solicita a la Autoridad Metropolitana de Transporte entregar las nuevas licencias de remises en forma individual a choferes que aún no las poseen, si cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente. En el debate suscitado en el cuerpo se escucharon críticas a los agencieros que “parasitan” una concesión del Estado provincial transformándola en un beneficio para unos pocos, como lo señalara el diputado Claudio Del Plá al cuestionar la discrecionalidad con la que se na entregado. También desde la oposición se escuchó reconocer que es un negocio de por vida que se les da a algunas agencias cuando en realidad se trata de un instrumento de trabajo y no una herramienta de riqueza exclusiva para el empresario. El análisis llevó a que el titular de la Comisión Bicameral de Seguimiento del sistema pidiera lisa y llanamente la suspensión del proceso habilitado con la cuestionada resolución.

A la iniciativa de la AMT no le fue mejor ayer en el Concejo Deliberante, donde se realizaron observaciones similares al tratar dos proyectos que apuntan a detener la entrega de las 200 habilitaciones. También en este cuerpo legislativo se hizo notar que las licencias han perdido su fin social detrás del lucro.

En todos los casos, se observa que sobre la cuestión sobrevuela la sombra de la sospecha de la corrupción. De allí que no solamente se atendió a un reclamo de equidad en la distribución de estos títulos sino que el debate incluyó la exigencia de mayor transparencia en la regulación de una actividad económica que sostiene prósperas empresas si hay concentración sin control y apenas es una fuente de ingreso mínimo y exige un gran esfuerzo para mejorar el rendimiento, cuando la propiedad de la licencia es individual.

Como sea, la decisión de la AMT no transita un terreno seguro. Las autoridades reguladoras debieran dar mayores repuestas a los cuestionamientos.

Salta, 19 de julio de 2018

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