Brújula

Opinion 16 de julio de 2018
A partir de esta semana toma impulso el armado del presupuesto nacional 2019. Tal es lo que señalan los anuncios oficiales, que incluyen una conferencia de prensa en mitad de la semana y una visita encumbrada el viernes, cuando llegue al país la titular del Fondo Monetario Internacional.
presupuesto 2018

El presidente del Interbloque Federal, el salteño Pablo Kosiner, reconoció que se está ante una circunstancia particular: se trata de un presupuesto de ajuste no de crecimiento, como solía suceder y de allí que su tratamiento asume características diferentes a las habituales. Ello impone una fuerte negociación, especialmente para evitar que se caiga en una prórroga del que está en vigencia, que significaría un recorte del 30% en las partidas.

En cualquier caso, la discusión no será técnica sino excluyentemente política. Por ello es que el legislador justicialista justificó la posibilidad de encarar conversaciones sin proyectos en mano, en el convencimiento que todo diálogo es positivo, especialmente en tiempos de crisis y cuando hay condicionamientos, como en este caso el acuerdo con el FMI.

Sin dudas que el ajuste no es materia de discusión sino su envergadura, su alcance y la responsabilidad de realizarlo. El dato con el que trabajan las provincias es que el déficit fiscal de ese conjunto no representa un punto del Producto Bruto Interno mientras que el de la Nación es de 7 puntos. Del otro lado, el presidente Mauricio Macri pretende reducir en 300 mil millones de pesos el presupuesto del año próximo pero demanda que el reparto sea equitativo.

El Ejecutivo nacional se ha empeñado que se conozca que desde la asunción de la actual gestión, se desarrolló un período en el que las provincias recibieron mayores transferencias. Ello incluye el cumplimiento de un  fallo de la Corte de Justicia que le quitó a esos estados la obligación de aportar al financiamiento del ANSES y lleva al gobierno central a sumar $150 mil millones a la distribución de recursos. Casualmente, esa sería la cifra que pretende sustraer del reparto. En ese orden, a las provincias les quedaría indicar cuáles son las transferencias susceptibles de ser recortadas.

Sin dudas que para nada esa es una condición que se acepte de buenas a primeras. Salta, a través de su Jefatura de Gabinete, ha señalado que la integridad de los fondos sociales es innegociable. El gobierno local no está dispuesto a ceder las partidas que recibe para mantener programas en las áreas de salud y educación y va a continuar su lucha por recuperar los recortes que unilateralmente dispuso el Ministerio de Trabajo en programas de su dependencia, como el llamado Intercosecha, mediante la alteración de sus condiciones. 

Que la mayor parte de las provincias sean gobernadas por la oposición y que el oficialismo tampoco tenga mayoría parlamentaria genera la necesidad de negociar con jurisdicciones que, por su parte, expresan una fuerte dependencia de recursos federales. Ello configura una mutua necesidad que frustra los afanes hegemónicos o el oportunismo electoralista. Ambos sectores están obligados a contribuir a la armonía institucional.

Los gobernadores serán convocados al diálogo en los próximos días. Dentro de la oposición, el peronismo encarnado en el sector de Argentina Federal se ha comprometido a concurrir a cuanta mesa de diálogo se convoque, a no poner palos en la rueda y no apostar al fracaso del gobierno hasta el fin de su mandato. Pero advirtió que no tiene la brújula política que Cambiemos habría extraviado.

Salta, 16 de julio de 2018

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