Criterios

Opinion 13 de julio de 2018
La Provincia cerró hoy el círculo en torno de la aplicación del aborto no punible. Tras más de un quinquenio de disposición discrecional del mismo, se aprobaron los criterios generales y comunes para la aplicación del Protocolo nacional, al cual la Provincia adhirió en mayo pasado.
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El drama de una niña violada y embarazada por su padrastro fue el punto de inflexión. Más allá que la menor ha quedado protegida por la intervención del Estado y es de esperar que sea lo suficientemente eficiente para que pueda llevar adelante su traumática experiencia, sobrevino un cambio significativo.

Tras un quinquenio de vigencia de un protocolo restrictivo, que obligó a la continuidad de embarazos producto de violaciones, la condena social por el aberrante hecho señalado llevó al Gobernador de la Provincia a abandonar una posición cerril que generó riesgo de vida por la clandestinidad impuesta a niñas y adolescentes víctimas de abuso. En medio del escándalo, el 24 de mayo último comunicó su decisión de adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado por el Gobierno Nacional conforme a un fallo de la Corte Suprema, dejando de lado el que él había ordenado en 2012, adelantándose en la regulación en la materia.

Esa saludable decisión, fundamentada en la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas se de sin plena libertad, se perfeccionó con una resolución del Ministerio de Salud de la Provincia, que se conoció hoy aunque fue aprobada exactamente un mes atrás. El instrumento reglamentario limita la aplicación de criterios discrecionales de profesionales de la salud o magistrados judiciales.

La resolución contiene definiciones que no dejan margen de dudas como el reconocimiento de  que la decisión de la mujer es incuestionable y no debe ser sometida a juicios de valor derivados de sus consideraciones personales ni religiosas. Fija como principios rectores de la intervención la autonomía, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad, celeridad y transparencia activa.

Señala a los equipos de salud como los primeros responsables de la provisión de la interrupción legal embarazo, también conocida y considerada bajo el concepto de aborto no punible. Dichos equipos están obligados a prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, sea público, de obras sociales o privado. Asimismo, destaca como circunstancias y causales de la interrupción legal del embarazo el riesgo de vida, el riesgo o peligro para la salud en su concepto integral y que el embarazo haya sido producto de una violación.

Contempla que todo profesional de la salud tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia, con respecto a la práctica del aborto no punible, siempre y cuando no se traduzca en dilación, retardo o impedimento para el acceso a esta práctica médica. Establece que tal objeción es individual nunca institucional.

Los criterios son claros y tan contundentes como el reconocimiento que las demoras innecesarias, la información falsa o la negativa a llevar a cabo el aborto constituyen actos sancionables administrativa, civil y penalmente.

De esta manera, la asunción de que la salud es un derecho humano se corporiza con estas decisiones.

Salta, 13 de julio de 2018

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