Tolerancia

Opinion 10 de julio de 2018
El clima social va ganando conflictividad. Muchas cuestiones demandan resoluciones de fondo y mientras se esperan desde el Estado las respuestas convenientes, se van abriendo nuevos frentes que adquieren un tono confrontativo.
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Es así que se ha llegado, como sucedió en la víspera, a que el Día de la Independencia tenga dos formas de celebrarse. La oficial fue cuidada hasta estéticamente; la otra utilizó la fecha como un pretexto para reivindicar reclamos sectoriales. La puja no es entre dos mitades del país sino entre dos partes con intereses contrapuestos y escasa voluntad por acercar posiciones sin tener un costo electoral.

El ánimo no es el más favorable para tratar uno de los temas más difíciles en debate, que sí separa en dos grupos el alineamiento social. Frente a la propuesta de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, se puede estar a favor o en contra; los detalles, los limitantes, solo pueden facilitar la definición. Exacerbar la radicalización de la defensa u oposición desvirtúa el debate y plantea el riesgo de condicionar la decisión.

“Es una discusión de Estado, no de creencias religiosas” fue una repuesta que dio la política al curso que desde un sector pretende darse al tratamiento legislativo. La irrupción de una embestida de varios cultos, especialmente la Iglesia Católica, fue un elemento que se coló en la celebración cívica del 9 de Julio, aprovechando la atención que suele despertar el festejo.

La interrupción voluntaria del embarazo es un tema de salud pública sobre el que hay que legislar en pos de la justicia y la equidad, dijo el presidente del bloque mayoritario de la Cámara alta nacional, sin que signifique la opinión de todo el sector político que conduce en el Senado. Sí fue la fundamentación que acompañó su exhortación a la tolerancia por parte de los cultos con mayor cantidad de fieles en la Argentina, a los que pidió respetar las reglas de una sociedad laica y las decisiones de todas las personas sobre sus vidas.

No es la primera vez que el país discute temáticas que apuntan a producir cambios culturales. En las últimas décadas se sancionaron leyes para un nuevo ordenamiento de situaciones sobre las que no se hablaba en público condenando a la marginalidad aspectos relevantes de la realidad social. Es el caso del divorcio, el matrimonio igualitario y la identidad de género pero también la reforma del Código Civil, que acogió situaciones toleradas por la fuerza de los hechos.

El debate permite escuchar todas las voces, especialmente cuando se habilitan los espacios de exposición como ocurrió en Diputados, donde unas 700 personas por sí o en representación de instituciones dieron su parecer. Desde hoy es el turno de exponer ante el Senado, sin necesidad de gritar desde los púlpitos o enrostrar a autoridades legítimamente constituidas, por decisiones que se adoptan en ejercicio de sus potestades.

Desde la Presidencia de la Nación se habilitó el debate y el Congreso se puso a la altura de las circunstancias, llevando a su interior la discusión que iba tomando fuerza en distintos ámbitos sociales. Es lo que obliga un Estado democrático en el que los temas deben plantearse sin prejuicios y con amplia participación social.

Salta, 10 de julio de 2018

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