Amenaza

Opinion 05 de julio de 2018
A siete años y medio de la presentación de un amparo, el Arenales mantiene su condición de río contaminado y desestabilizado. Se sumaron otras causas judiciales, incluso una de carácter penal para identificar a funcionarios responsables del peligroso maltrato, pero en ese marco en lo único que se avanza es en acusaciones cruzadas.
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Han intervenido jueces, fiscales y hasta la propia Corte de Justicia y sólo se ha logrado el empeoramiento de la situación. Abogados ambientalistas y vecinos de sus márgenes mantienen encendida la llama de la defensa de un recurso que se esfuerza por sobrevivir.

A casi medio siglo que el ambiente alcanzó protección constitucional en el país, todavía sigue siendo un ámbito novedoso del derecho. Por ejemplo, no hay antecedentes de condenas a funcionarios cuya gestión resultó en la afectación del medio y sus recursos naturales. Se avanzó en la letra, al punto que el artículo 205 del Código Penal, prevé que la contaminación del agua sea considerada un delito doloso. Su aplicación, en cambio, no ha procedido en ningún caso.

Los especialistas, del ámbito académico primero y luego del judicial, han coincidido en que la situación de las aguas del Arenales es alarmante, por los datos arrojados en los estudios bacteriológicos y de metales pesados. La salud de la población está ante un verdadero riesgo ha reconocido en marzo pasado un informe del CIF, con la comprobación de la presencia de elementos que le quitaron calidad a sus aguas, convirtiéndolas en una amenaza.

También cabe señalar que el curso de agua que atraviesa la zona sur de la Capital y llega hasta el espejo de agua del dique Cabra Corral, carece de un plan de manejo y el abuso de su utilización generó una inundación que se llevó bienes de vecinos de barrios colindantes, generando una situación que no pudo ser reparada.

Desde 2011 en adelante hubo intervenciones judiciales de las que emanaron órdenes para lograr la estabilización y saneamiento de la cuenca, la ejecución un plan de manejo, un plan sanitario de emergencia y un plan de monitoreo y también la contratación de un seguro ambiental. Ni siquiera se llevó adelante la señalización advirtiendo el riesgo de tomar contacto con sus aguas.

Los gobiernos provincial y municipal y la empresa privada Agrotécnica Fueguina fueron señaladas como responsables de lo que ocurre pero excepto el esfuerzo por eludir esa carga, no hubo señal alguna siquiera de preocupación por lo que está ocurriendo. Hay más empeño en demostrar que la culpa es del otro que de tomar el toro por las astas y desplegar un trabajo conjunto para eliminar las fuentes de contaminación, ciertas o posibles.

El mayor avance es el reconocimiento de una realidad descripta por datos irrefutables: el Río Arenales está contaminado. Luego de la audiencia del martes pasado, que se centró en la situación como agente contaminante del Vertedero San Javier, desde la Procuración de la Municipalidad de la Capital se victimizó a la Ciudad y se exigió al Gobierno de la Provincia tomar cartas. El detalle de las razones incluyen el vuelco de líquidos cloacales por parte de la empresa Aguas del Norte, el mal uso de agrotóxicos de fincas aledañas, el aporte de metales pesados del Parque Industrial y la actividad de desechos del viejo basural.

La próxima semana habrá otra audiencia en Ciudad Judicial pero no hay señales que sea un avance. Apenas una esperanza de que el río no va a morir ni matar.

Salta, 05 de julio de 2018

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