Explicaciones

Opinion 02 de julio de 2018
Cuando la diputada trotskista Romina del Pla dijo a Aries que “más que nunca viene la separación de la Iglesia del Estado”, apenas estaba insinuando lo que el Gobernador de la Provincia planteó como una medida irreversible. Juan Manuel Urtubey admitió que de hecho se debe gestar esa división.
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Desde hace más de dos décadas que la cuestión, saldada como debate hace casi 135 años cuando se aprobó la ley de educación 1.420, volvió a instalarse. Fue en oportunidad de la reforma constitucional de 1994 en la que se pretendió que tal separación trascendiera que no se reconozca más a la religión católica como oficial de la Argentina. No pudo ser y el artículo 2° dejó la obligación de contribuir a su sostenimiento, manteniendo el vínculo.

La presidencia de Cristina Fernández manifestó diferencias con el cardenal Jorge Bergoglio, arzobispo de la capital argentina, pero la actual planteó una controversia con quien ya era Papa. Fue en 2016 a raíz de una donación del Gobierno de Mauricio Macri a la fundación vaticana Scholas Ocurrentes, impulsada por Francisco, que el Pontífice rechazó.

En marzo pasado hubo otro pico de tensión en la relación institucional. Fue cuando el Jefe de Gabinete informó al Congreso que el Estado destina anualmente unos 174 millones de pesos al sostenimiento del Culto Católico, como respuesta a más de 1.000 preguntas que le formularan a Marcos Peña pero que fue detectada por la prensa con "inocencia discutible", como se señaló entonces.

Por estos días, nuevamente la relación se tensó a niveles extremos a raíz del tratamiento en el Congreso de la ley de legalización del aborto y al liderazgo de la protesta social que en la calle va asumiendo la figura papal. Por lejos, el debate parlamentario va tomando la delantera en la atención pública y participación social. Entre los pañuelos erigidos como símbolo de la militancia en uno u otro sector, apareció un tercero con la consigna "Iglesia y Estado, asunto separado".

Inesperadamente, el mandatario salteño – expuesto como un católico conservador por sostener la educación religiosa en la educación provincial- se convirtió en el primer gobernador que se involucra con la nueva vuelta de tuerca que tiene la lucha por la ley en tratamiento en el Senado, con media sanción de Diputados. En una visita a Bariloche, recibió de manos de un grupo feminista un documento y ante la prensa, además de ratificar su apoyo a la despenalización del aborto,  adelantó el debate que se viene respecto del vínculo de la Iglesia Católica y el Estado.  Tras declararse un católico no practicante, admitió la división  y advirtiendo que se transita el siglo 21, dijo que resulta obvio que así tiene que ser.

La sociedad salteña debe incorporar ahora este nuevo posicionamiento en un tema que resulta de particular importancia y que se manifiesta a pocos días del inicio de la celebración más tocante para la feligresía católica. Pero esa misma sociedad, que muestra al país la práctica multitudinaria de una fe, también deberá explicar porqué abandonó la educación religiosa cuando dejó de ser exigible.

Salta, 02 de julio de 2018

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