Actitud

Opinion 27 de junio de 2018
Los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable se pusieron a la espalda el problema consecuente con la caída de la actividad económica, que ha motivado el cierre de empresas y despidos en distintos sectores. Por estas horas tienen dos frentes críticos, desde los que se le reclaman al Gobierno Provincial una intervención contundente.
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Uno de ellos es el vinculado al cierre del Ingenio San Isidro, que se está erigiendo en la punta del iceberg del impacto social de políticas macro que se adoptan en la metrópolis y complican severamente a la gestión local. El otro, es un retroceso en conquistas que equilibran la estacionalidad de la producción agropecuaria, una de las más importantes de este territorio.

Las inclemencias climáticas y decisiones empresarias complicaron la situación desde el inicio mismo del año pero no fue sino hasta este mes que se notó cierta diligencia en la intermediación del Ejecutivo, en la resolución de las dificultades que motivan hoy una creciente movilización de trabajadores. Con la bandera de lucha contra el despido de más de 700 trabajadores en el Valle de Siancas y la exclusión de unas 7 mil familias del programa intercosecha 2018, en el Valle de Lerma, sobran razones para la ocupación de las calles por parte de la protesta social.

La titular de la cartera de Producción, Paula Bibini, intentó frenar el cercamiento al Centro Cívico Grand Bourg, que empezó poco antes del mediodía como cierre de una aparatosa caravana que recorrió casi 100 kilómetros y fue alimentada por móviles en todo su trayecto desde el histórico pueblo de Campo Santo. La oferta de una asistencia técnica en el reclamo por el 50% restante del pago de indemnización, que adeuda el grupo Gloria por el despido de los trabajadores azucareros y para acceder al Fondo de Desempleo, resultaron más que insuficientes  tras un trimestre de reclamos por una intermediación política más resolutiva.

Tampoco alcanzó la solidaridad en la expectación que genera la eventual venta del establecimiento industrial, porque es una posibilidad que se expone cada vez que reaparece la exigencia desde el sector gremial y político de la zona afectada y de otras que rotan en torno de economías regionales que también evidencian severas dificultades. Luego de identificar a eventuales compradores, que son desechados por las mismas fuentes oficiales, la propia ministra Bibini se hizo cargo de indicar a “gente de Tucumán, que entiende de este negocio” como los interesados más seguros. Pero no logró despertar la confianza de los despedidos.

En tanto, el Gobierno Provincial suma las consecuencias de la restricción por parte de su par nacional del Programa  Intercosecha, que asiste a los trabajadores temporarios del sector agrario y agroindustrial, que se encuentren inactivos durante el período entre cosechas de los cultivos en los que se ocupan. Se trata de una ayuda ínfima de $2.300 que se quitó a buena parte de los obreros del tabaco, mediante la mayor exigencia de más meses trabajados, cuando la zona productiva sufrió los embates del granizo que dejó sin producción a buena parte de las explotaciones.

Para el Ejecutivo provincial, el problema no es solo socioeconómico. Las respuestas que viene dando frente al ajuste que dispone la Presidencia de Mauricio Macri, está debilitando el apoyo político aún de su propio sector. Desde el oficialismo se ha comenzado a insinuar la necesidad que se asuma otra posición ante el Gobierno central. Y ese cambio aún no se visualiza.

Salta, 27 de junio de 2018

 

 

 

 

 

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