Apuro

Opinion 26 de junio de 2018
El Ejecutivo Provincial trata de lograr avances de dos proyectos de ley que ya tienen trámite legislativo pero no con el ritmo que la situación fiscal exige. Uno de ellos busca la primera media sanción en la Cámara baja y el segundo, la sanción definitiva en el Senado.
camara de diputados

Se trata de iniciativas que se desprenden del tronco de proyectos remitidos por el Gobernador como parte de un ordenamiento de las cuentas públicas y de adecuación al marco normativo que el Ejecutivo nacional va logrando del Congreso. La adhesión de la Provincia al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno establecido por Ley Nacional  y la aplicación de impuestos a al comercio electrónico son las cuestiones que tratan los proyectos en cuestión que, más allá de ser materia de carácter económico, se está observando como un hecho político que trasciende la decisión de la Legislatura.

En Diputados, no tuvo mayor inconveniente el avance de la adhesión a la ley de Responsabilidad Fiscal luego de una visita del Ministro de Economía que explicó la relación que tenía con el flujo de fondos que remite el Gobierno Nacional. Al menos, ese fue el principal argumento expuesto por el oficialismo no sólo para dar razón de la sanción y convencer a la oposición, sino incluso para disciplinar a la tropa propia.

La adhesión significa adoptar reglas generales de comportamiento fiscal y gestión pública, especialmente en relación al gasto público y a la administración de ingresos, a fin de alcanzar el equilibrio y limitar el endeudamiento provincial. Impone obligaciones en el armado del presupuesto de cada ejercicio fiscal, incluyendo una proyección plurianual de la evolución pertinente y el perfil de vencimiento de la deuda pública. También se asumen restricciones para el fin de gestión, a fin de evitar que en el último tramo de mandato se contraigan compromisos que afecten a la gestión siguiente.

La ley nacional fue producto de un trabajo de carácter federal por lo que se pudo tratar sobre tablas y la oposición se redujo al bloque de izquierda y a un diputado del justicialismo, que sostuvo su resistencia a una norma que resiente la autonomía provincial, según se escuchó en el debate. Ahora se espera la palabra del Senado, cuya demora en la sanción no se explica frente a la urgencia de sumar recursos.

Tampoco se entiende la actitud del oficialismo en la Cámara de Diputados frente a la propuesta de reforma del Código Fiscal, incorporando al ámbito material del Impuesto a las Actividades Económicas el comercio electrónico ejercido por los sujetos que venden bienes o servicios en la Provincia a través de medios digitales y que hoy no tributan por sus ingresos, colocando así al resto de los contribuyentes de esta carga en una situación de manifiesta inequidad, tal cual expresa en sus fundamentos la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Varias provincias ya adoptaron medidas similares, Córdoba y Buenos Aires, como así también la Capital Federal. No es una pretensión menor si se tiene en cuenta que un tercio de las transacciones comerciales en la Provincia se realizan de manera electrónica.

Con este último dato se justificaría una mayor diligencia legislativa. El último fracaso en encarar su tratamiento ocurrió hace una semana, cuando cayó la sesión por falta de quorum que la oposición adjudicó al mayoritario bloque justicialista. Y en ese punto, la interpretación se corrió del tema que trata a una cuestión interna del oficialismo.

Más allá de aprestos electorales, importa a la ciudadanía que las decisiones políticas tengan en cuenta el interés general.

Salta, 26 de junio de 2018

 

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