Decisión

Opinion 08/09/2016
Es la historia sin fin. Casi 50 hectáreas en el ejido urbano capitalino están tejiendo una trama intrincada, cuando solo se trata de un proyecto para dar solución de vivienda  a un poco más de mil familias.

Ayer se inscribió un nuevo capítulo, cuando el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta aprobó el proyecto de la Orden San Agustín para dotar a la urbanización de Parque La Vega de un colegio, que –obviamente- tendrá carácter privado y confesional. Se erigirá en un terreno de tres hectáreas que colinda con otros barrios como San Calixto, San Nicolás y Círculo I.

Quienes defendieron la iniciativa se centraron exclusivamente en la propuesta cuyo valor central es dotar de un establecimiento educativo a una zona que carece de ellos. Es así que una concejal oficialista llegó al extremo de destacar que se trata de una congregación religiosa que va a suplir el rol del Estado en la prestación de un servicio que forma parte de sus obligaciones esenciales.

Sin embargo, la aprobación del proyecto de Ordenanza no tuvo apoyo unánime. La resistencia del Partido Obrero puso una nota discordante al votar en contra luego que se rechazara su pedido de vuelta a comisión de la iniciativa. Las razones merecen atenderse para una evaluación social de una decisión política.

El proyecto de la orden religiosa ya fue debatido en otro ámbito, donde se analizó el propósito de instalar una escuela en un área muy demandante, además de erigir un templo y construir un albergue para sacerdotes. Ante tan loable propuesta, la Legislatura Provincial aprobó en setiembre del año pasado la donación de tres hectáreas en el loteo en desarrollo. Si alguien expresó algún cuestionamiento fue a  la generosidad de la que hace gala el gobernador Juan Manuel Urtubey con la Iglesia Católica, que viene acopiando propiedades mediante las donaciones de bienes públicos.

Esa mirada no es la misma que pone sobre la cuestión el sector de la izquierda. Desde allí se observa que el Loteo parque La Vega, trabajosamente gestado, está destinado a mil 200 familias de bajo recursos, que aportarán no menos de 3 mil niños, que no contarán con escuela pública. Es que queda en manos de los religiosos el único espacio institucional destinado a ese fin, según los planos del loteo.

De esa manera, el eje del debate se desplazó de la aceptación de una iniciativa privada para sostener un proyecto educativo a resignar el único espacio institucional disponible en un loteo estatal para levantar una escuela pública.

La educación privada cumple una función subsidiaria y debe facilitarse cuando ya el Estado ha cumplido su propia obligación. Es lo que la oposición al proyecto aplaudido ayer en el Concejo Deliberante, observa que no se está facilitando.

El debate está cerrado porque la decisión final, la promulgación por parte del intendente, se descarta teniendo en cuenta que es un proyecto remitido por el Ejecutivo municipal. Solo el tiempo dirá si, pese a todo, fue una medida acertada.

Salta, 08 de septiembre de 2016 

 

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