Requisito

Opinion 22 de junio de 2018
La reforma constitucional sigue siendo una firme pretensión de distintos sectores políticos. Luego que en mayo pasado se presentara una propuesta de trabajo al gobernador Juan Manuel Urtubey, el primer avance se registró ayer con la intervención de representantes del sector académico.
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Efectivamente, representantes de las universidades Nacional y Católica de Salta, además del Instituto de Derecho Constitucional, tomaron nota del interés por darles participación en la toma de decisión y en la construcción de un consenso en torno de la iniciativa. Si hay coincidencias suficientes que expresen una demanda social, el Ejecutivo provincial acompañará el proceso que debe iniciarse con la declaración de la necesidad de la reforma, seguirá con la convocatoria a elección de convencionales y la integración de la Convención.

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, convocó a los decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica, Omar Carranza y de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSa, Víctor Claros, a los que se sumó el titular del instituto especializado, Ricardo Gómez Diez, que trabaja no sólo desde el espacio académico sino también desde el político, como referente de un partido que ya expresó su interés por darle nuevo cuerpo a la Carta Magna provincial.

El resultado fue la expresión de la voluntad de un trabajo, en pos de lograr más calidad institucional y mayor funcionalidad a la actividad del Estado, como expresaran los participantes de este primer encuentro. Si bien no hubo precisiones sobre cómo pueden trabajar las casas de altos estudios, que cuentan con especialistas en derecho constitucional, no se ignora que su papel puede ser más amplio por el rol que cumplen en la comunidad.

Ambas universidades tienen capacidad de organización de jornadas de trabajo para relevar el interés social sobre la reforma y, puntualmente, sobre los aspectos que demandan cambios para mejorar la estructura institucional de la Provincia. Cabe recordar que la formalización de un pedido reforma, fue acompañada por una propuesta para ordenar una tarea compleja si de lo que se trata es de ajustar aspectos de funciones y facultades de organismos del Estado.

El documento "Consenso por Salta", que recibió el Gobernador de la Provincia para tentarlo en motorizar la reforma, propone un diálogo abierto y plural y se constituye en una hoja de ruta que arranca en la integración de una Mesa Técnica para avanzar en la búsqueda de acuerdos sobre las probables modificaciones en los poderes del Estado.

También se han sugerido temas para abrir del debate y que pasan terminar con las reelecciones indefinidas en los poderes legislativos y ejecutivos en todas las categorías, la reducción del costo de la política, la revisión del actual régimen de representación en la Legislatura y de la duración y las condiciones de los acuerdos para los jueces. También se pretende echar mano al sistema de control público,  para que los organismos que lo integren funcionen con independencia.

Todo se trata de un manual de buenas intenciones, que toma impulso cíclicamente. Pero como toda iniciativa de la dirigencia política que viene actuando sin interrupciones desde hace más de cuarto de siglo, exige un exhaustivo análisis. Para ello, la participación social es un requisito indispensable.

Salta, 22 de junio de 2018

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