Defensa

Opinion 19 de junio de 2018
El de los jubilados es uno de los sectores vulnerables de la sociedad. No son atractivos para el mercado, por su inactividad y su capacidad limitada de consumo. Y así será hasta que se encuentren formas acabadas para reconvertir lo que hoy es capacidad ociosa.
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Sin embargo, son una franja poblacional importante a la que la ciencia dio la posibilidad de prolongar su ciclo de vida. Acumula experiencia que se transforma en sabiduría en determinadas circunstancias. La actual es una de ellas.

Los jubilados han advertido que su capital está en riesgo y si bien no tienen mecanismos para participar de su administración, pueden defenderlo con movilización. Casi un millón y medio de personas no puede ignorarse.

Es así que el Frente de Jubilados y Pensionados de Salta han comenzado a manifestar su resistencia a medidas que suponen son una amenaza a su actual situación, que no es la mejor. La protesta, entre otros objetivos, apunta al acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional.

Es que en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras que se anexó a la Carta Intención entre ambas partes, se contempla la posibilidad de utilizar recursos provenientes del fondo de garantía del sistema jubilatorio para pagar con ellos prestaciones y contabilizarlos como ingresos públicos. Ello contribuiría a mostrar una reducción del déficit fiscal, que es una exigencia innegociable del cuestionado acuerdo.

En realidad, la posibilidad de utilizar parte de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional está habilitada con la ley 27.260 de Reparación Histórica, que fuera aprobada en 2016 por el Congreso Nacional con apoyo de buena parte de la oposición. La vuelta de tuerca que le da el acuerdo con el FMI es su contabilización para morigerar el desequilibrio de las cuentas.

Cabe destacar que la ley de reparación permite que el pago de los compromisos surgidos del programa pueda ser atendido con la rentabilidad de las  inversiones del Fondo y si lo producido resultara insuficiente, podrá disponerse la realización de activos; esto es, su venta. De allí la resistencia que se expresó en el proceso de tratamiento de la citada ley pero que no se corporizó como un perjuicio, desplazado por la nueva fórmula para calcular el ajuste de los haberes, que impactaba directamente en el bolsillo de los jubilados.

A poco de promulgarse la ley, hubo una decisión judicial ordenando frenar esa disposición que permite el uso del fondo de garantía, pero la Anses apeló y logró que se revirtiera esa orden. La causa sigue en la Justicia y está a la espera de una definición de fondo. Mientras los jueces se toman sus tiempos, el Ejecutivo Nacional avanza en su aplicación.

El temor de los viejos se justifica porque si hay que echar mano a una caja, la de los pasivos suele ser la más accesible, por la debilidad de su defensa. A menos que esta vez se tienda un cerco en su torno y se fortalezca la posición.

 Salta, 19 de junio de 2018

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