Objeciones

Opinion 18 de junio de 2018
El sistema público de salud, de gestión estatal, ha iniciado el proceso de adecuación al protocolo para el aborto no punible, luego de la adhesión que dispusiera el Ejecutivo al reglamento nacional. En tanto, se considera como inminente que en el país se sancione una ley que habilite la práctica para toda persona que voluntariamente decida la interrupción de su embarazo.
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La cuestión ha generado uno de los debates de mayor participación social de los últimos años y la sanción de la Cámara de Diputados no ha sido aceptada unánimemente. Los sectores que se oponen a esta iniciativa se preparan para plantear la resistencia actuando sobre el Senado e, incluso, generando situaciones que anticipan las dificultades que producirá la aplicación de esa ley, para el caso que efectivamente llegue a sancionarse.

Durante el fin de semana se conoció en Salta y en otros puntos del país la decisión de establecimientos sanitarios privados de reclamar para esas empresas el derecho a ejercer la objeción de conciencia. En el proyecto en tratamiento, queda reservado a las personas que así lo expresen previo a enfrentar una situación de aborto.

La objeción de conciencia, dicen los especialistas, es un derecho vinculado a la dignidad de la persona, que encuentra sus límites en la afección de los derechos de terceros y el bien común. Se trata del incumplimiento a una obligación legal, basándose en que su cumplimiento lesionaría sus convicciones más íntimas en materia ética, religiosa, moral o filosófica. No ha emergido en las actuales circunstancias sino que “este instituto que fue construido en la Argentina jurisprudencialmente, es ampliamente recepcionado e, incluso, se ha reflejado normativamente”, como advierte Mariano Fernández Lerena, catedrático de las universidades de Buenos Aires y San Andrés.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene fallos al respecto, vinculados al ámbito sanitario, que es un espacio donde frecuentemente se encuentran tensiones entre lo normativo y la libertad de conciencia, en planteos en los que el objetor es un paciente, que se niega a cierto tratamiento o prestación médica, o un profesional que se niega a proveer un tratamiento determinado. Casos conocidos están vinculados a los Testigos de Jehová, respecto de los cuales los fallos les son favorables pero hay algunos en los que el objetor no encuentra eco, como fue el de una familia que se negó a cumplir con el protocolo oficial de vacunación para su hijo por cuestionar la medicina científica y la institucionalidad del sistema de Salud. Para la Corte, el derecho de autonomía personal de los padres como tutores y responsables del plan de vida familiar -que contempla la Constitución Nacional- tiene límites en el derecho a la salud de la comunidad y en el interés superior del niño.

Todo indica que en este país hay sectores que entienden que lo que no se gana con la razonabilidad de un debate puede lograrse en la calle, en los estrados judiciales, en cualquier ámbito o con cualquier recurso útil a sus intereses particulares. Visto así, pareciera que determinadas decisiones, que son precisamente las que van a introducir reformas de fondo, debieran corresponder a ciertos círculos de poder y no al interés general.

De todas maneras, nunca sirvió judicializar la política.

Salta, 18 de junio de 2018

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