Incertidumbre

Opinion 08 de junio de 2018
La semana cierra con la imagen más acabada de la situación económica provincial. Revela la crisis de su industria más importante, un sector que nunca pudo despegar pero también pone en evidencia una gestión de gobierno sin capacidad para resolver los problemas que impiden el crecimiento de Salta. También informa de las dificultades que atraviesa el sindicalismo, que no ha logrado resolver la desestructuración de un modelo desde hace por lo menos dos décadas.
asamblea san isidro

El cierre del Ingenio San Isidro, producido en el arranque del año, dejó en la calle a unos 700 trabajadores a los que luego se sumó otra importante cantidad de empleados del otro ingenio de la Provincia. El Tabacal encaró una reestructuración para enfrentar el problema de la industria del azúcar que, dicen, es mundial.

De enero a la fecha poco se avanzó en la resolución del problema social emergente pero tampoco se adoptaron medidas que faciliten la preservación de fuentes de trabajo. Por el contrario, los gobiernos nacional y provincial se enfocaron en la situación fiscal, altamente deficitaria.

Hubo una reforma impositiva nacional que contó con el apoyo de los legisladores de Salta que hizo perder ventajas a las pymes locales mientras que la norma sancionada para resolver los problemas de la pequeña y mediana empresa no fue reglamentada en orden a facilitar la aplicación de disposiciones que puntualmente beneficiarían a las radicadas en áreas de frontera, la fracción de territorio con fuertes complicaciones en la Provincia.

También se firmó un acuerdo fiscal Nación-Provincias, que permitió que Salta incrementara las alícuotas de impuestos de mayor peso recaudatorio pero de fuerte incidencia en la presión fiscal que soportan las empresas. El crecimiento de concursos y quiebras  cuando no el cierre de pymes, especialmente comerciales, ya construye un panorama preocupante.

El primer semestre cerrará con mayores ingresos a las arcas estatales pero, estiman los especialistas, comenzará a manifestarse el menor ritmo del crecimiento económico reconocido por las autoridades económicas. También se expresarán los efectos de las restricciones en materia de obra pública que ya está impactando en la industria de la construcción. El titular de la UOCRA-Salta, Rubén Aguilar, lamentó en Cara a Cara que a la baja de la actividad en obras privadas se sume la suspensión de la construcción de viviendas sociales, que generan desocupación o promueven el trabajo en negro. También situó a Salta en una senda regresiva que no se nota en otras provincias.

La visita presidencial del jueves y viernes pasados, sin anuncios significativos, dejó al Ejecutivo Provincial aislado respecto de la resolución de sus problemas inmediatos. Sin obras públicas de peso, tampoco hubo apoyo para superar la crisis del azúcar, lo que apuró la toma del establecimiento industrial de Campo Santo, cuya expropiación fue rechazada el martes por la Legislatura. La reunión del miércoles con los propietarios del ingenio no aportó nada porque la venta no avanza y la reapertura se aleja. Solo la Justicia puso la nota al reconocer que la toma es una medida gremial y descartó el desalojo.

Esa contundencia le faltó a la CGT local que sólo amenazó con un paro provincial sin atreverse a ponerle fecha. A lo sumo mostró un avance al comprometerse con el conflicto azucarero.

El rasgo más fuerte del momento es la incertidumbre, alimentada por gobiernos que no dan señales de saber cuál es el camino para frenar la caída.

Salta, 08 de junio de 2018

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