Acorralados

Opinion 06 de junio de 2018
En un marco de conflictividad social creciente, el gremialismo se esfuerza por liderar el inconformismo de distintos sectores de trabajadores. También se suma a la movilización de representantes de la llamada economía social y a la que convocan grupos de marcada inserción territorial en áreas marginales.
asamblea san isidro

Desde abril pasado, esta situación se verifica en la Provincia, afectada desde principios de año por situaciones que reflejan el impacto de medidas macroeconómicas que incluyen el control del déficit fiscal pero también el congelamiento del consumo. Esta conjunción ha derivado en la paralización de algunas economías regionales y de actividades comerciales, industriales y de servicios, que están poniendo a trabajadores en la calle.

De allí que el entendimiento entre sectores sindicales y de la Iglesia Católica están incentivando a organizaciones gremiales a acompañar con medidas de fuerza los reclamos sociales. Tras más de una década, la CGT Salta no descarta la realización de un paro provincial, por razones propias que se suman a las que motivarían un paro nacional, también en ciernes.

El anuncio de la profundización de la protesta social obliga a los gobiernos a posicionarse para preservar el orden y atender a quienes son ajenos a los conflictos. La represión o alguna forma de escarmiento para evitar los excesos son formas de acción a las que están recurriendo. Un ejemplo reciente es la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de pasar a los movimientos convocantes una factura de 4 millones de pesos por destrozos ocasionados al patrimonio público por la Marcha Federal.

En esta provincia, en lo que va del año, ya se ha probado con fuertes represiones en el Norte, cuando hubo protestas por despidos en el Ingenio San Martín de El Tabacal y más cercano en el tiempo, cuando originarios cortaron la ruta 50 pidiendo asistencia para la comunidad de La Curvita, que perdió en las inundaciones estivales –como señalara el Gobernador- la nada que tenía.

El uso de la fuerza pública es potestad del Estado y es obligación del Ejecutivo provincial hacer cumplir órdenes judiciales para restablecer el orden público. Y la intención del gobierno es no apartarse de esta responsabilidad.

La ratificación de esta postura obvia fue planteada ante la situación que viene ocurriendo desde comienzo de esta semana en la localidad de Campo Santo, a propósito de la toma del Ingenio San Isidro, cuya reapertura se está negociando. Al margen de la cuestión de fondo -que es el cierre del establecimiento industrial- la reacción gremial ha empujado al Poder Ejecutivo a advertir que si media orden de juez competente, se desalojará por la fuerza.

La opción no es fácil de tomar pero vale destacar que el gobierno se ve empujado por dos razones, siendo la primera la necesidad de no incurrir en una desobediencia judicial. Pero también pesa la mirada crítica sobre los recursos extremos, especialmente cuando se está tratando de atraer inversores para recuperar una fuente de trabajo.

La necesidad y la desesperanza acorralaron a los trabajadores y los empujaron a ponerse al margen de la legalidad. Desde allí, acorralan al Gobierno que debe encontrar una solución o reprimir la protesta social.

Salta, 06 de junio de 2018

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