Interés

Opinion 31 de mayo de 2018
Seis horas duró un acto que uno de sus promotores calificó como el fracaso de la política. La efímera existencia estaba anunciada pero nada cambió ese destino.
senadores

La oposición impuso su decisión de poner un límite a los incrementos de las tarifas y el Ejecutivo nacional cumplió su advertencia de vetar la norma. Duró más el debate desarrollado en el recinto de la Cámara de Senadores que la propia ley, que no tuvo ninguna alternativa de entrar en vigencia.

El tratamiento, del que participó buena parte de los miembros del Senado, sirvió para que cada expositor fundamente su posición ante la política nacional y ante su mentor, lo que llevó incluso a que un lapsus revele pensamientos que el inconsciente contiene al margen de los discursos públicos. Hubo también quienes cabalgaron sobre dos monturas, tratando que la necesidad de corregir las imperfecciones del proyecto en análisis no los deje pegado a una gestión que hace agua por muchos flancos.

Por estas horas nadie puede asegurar si algún sector obtuvo algún rédito, incluso aquellos que son colaterales a los propósitos de una ley que debe volver a transitar los pasillos del Congreso, con escasas posibilidades de sobrevivir. Sí está en evidencia que los usuarios de servicios públicos no han logrado siquiera tener en claro a quienes les asiste la razón.

Quienes han seguido en detalle el penoso tránsito de la iniciativa por el Parlamento han logrado conocer aspectos de los sistemas de prestación que nunca fueron expuestos o sobre los que no se llamó la atención. El interior del país, por ejemplo, entendió que no tiene el mismo tratamiento que el área metropolitana, cuyas prestaciones son subsidiadas por todos, incluso por aquellos argentinos que no accederán a servicios básicos, no ya a los que hacen al confort.

En Salta, hay poblaciones radicadas sobre la cuenca gasífera que no tienen el fluido en red y pagan altos precios por garrafas. Pero son aportantes de subsidios que reducen las facturas de ciudades que se desarrollan en áreas con alta calidad de vida.

Esta asimetría no es resuelta por la ley vetada y se mantendrá si no se modifica una concepción de país macrocefálico. Especialmente, debiera cambiar el ejercicio de la política para que no siga interpretando que el bien común se agota en el acceso al poder.

Posiciones irreductibles no parecieron representar el interés general. Se plantó una oposición dispuesta a imponer un criterio que, con cierto cinismo, fue vista desde el oficialismo como la paradoja de convertir en ley un proyecto que nadie quiere ni defiende. Quien así observó este posicionamiento sí sabe que la Argentina es un país muy desigual y, quizás, también conoce a quiénes usufructúan de esta situación.

Institucionalmente el proceso es correcto. El Congreso sancionó una ley y el Presidente de la Nación usó la prerrogativa del veto. Todos lo hicieron en nombre del interés del pueblo. Y eso no cierra.

Salta, 31 de mayo de 2018

Te puede interesar