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Opinion 29 de mayo de 2018
Legisladores de la oposición han solicitado que se inicie juicio político al presidente de la Corte de Justicia de la Provincia. Acusan a Guillermo Catalano de maniobras para imponer la inamovilidad de los jueces de ese alto Tribunal.
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La efervescencia que había generado el pedido de declaración inconstitucionalidad del art. 156 de la Constitución salteña, que fija en seis años el mandato de los miembros de la Corte, ya se había aplacado luego que se agilizara el debate en torno de una eventual reforma de la Carta Magna. La medida adoptada por miembros de los bloques de la Unión Cívica Radical y Propuesta Republicana nuevamente agitó la discusión, en la que se involucraron especialistas y referentes de organismos e instituciones vinculadas a la administración de Justicia.

Los diputados que suscriben el pedido también había requerido la intervención del Procurador General de la Provincia para que frene de alguna manera la designación de un tribunal de los conjueces, además de manifestar que no encuentran qué norma en la Carta Magna salteña atribuye competencia a la Corte para revisar el texto constitucional mediante acciones directas de inconstitucionalidad.

Con el telón de fondo de fuertes pronunciamientos en contra de tal pretensión expresados por el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta y otras entidades que nuclean a constitucionalistas, los diputados provinciales formalizaron un pedido sobre los que no hay antecedentes frecuentes. El procedimiento es severo y como tal tiene exigencias que se deben atender para activar un proceso que puede llevar a la destitución del magistrado.

Cae en el campo de las competencias exclusivas de la Cámara de Diputados la acusación ante el Senado de los altos funcionarios y magistrados de la Provincia, que según la Constitución quedan sometidos a juicio político por delitos en el ejercicio de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo. En tanto, es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal. En tanto, el artículo 160 incluye a los miembros de la Corte como susceptibles de ser sometidos a un juzgamiento de esa naturaleza.

En la Cámara baja opera una comisión permanente con ese fin. Son sus funciones la recepción de denuncias y pedidos de juicio político, cuya admisibilidad analiza. También tiene a su cargo la substanciación de la etapa informativa y el dictamen final, que se somete a consideración del cuerpo.

Por ahora, el pedido presentado en el mismo día de sesión ordinaria del cuerpo ha provocado la lógica conmoción que significa colocar a una de las principales autoridades de la provincia, cabeza de uno de sus tres poderes, en una situación política de extrema delicadeza. Pero hay un largo camino a recorrer.

Primero deberá declararse admisible la denuncia en un trabajo que demandará la absoluta prescindencia por parte de quienes integran la comisión respectiva. Pero seguramente incidirá la voluntad política de resolver la cuestión por la vía institucional de la reforma, que no es menos polémica pero es legítima y legal.

Salta, 29 de mayo de 2018

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