Mensaje

Opinion 28 de mayo de 2018
Cansados de pedirle al Gobierno Nacional que cambie su política económica y social, miembros del Movimiento San Cayetano decidieron marchar sobre su sede. Militantes de los cuatro puntos cardinales engrosarán las columnas de la Marcha por Pan y Trabajo, que comenzó en La Quiaca, simultáneamente con La Rioja, Posadas, Bariloche y Ushuaia.
marcha

El objetivo de la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Social, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa es depositar el próximo viernes en el Congreso varios proyectos de ley que apuntan a resolver los problemas de anchas franjas de la población, en un país con un nivel de pobreza de algo más del 25%. Se refieren a Infraestructura social, Integración urbana, emergencia alimentaria, agricultura familiar y el proyecto de ley de adicciones.

En cualquier caso, estas iniciativas indican como direccionar fondos para sostener a cooperativas de construcción de la economía social, para la urbanización de más de 4 mil barrios populares que estos grupos han censado en todo el país y para el relevamiento nacional de niños y adolescentes con malnutrición o en riesgo de estarlo y el refuerzo de las partidas presupuestarias para programas alimentarios. Además, se demanda una línea de créditos para la adquisición de tierras destinadas a la agricultura familiar y el financiamiento de campañas de concientización y atención especializada a los jóvenes en situación de riesgo por las adicciones.

Con un plan de severo ajuste a la vista, no pareciera que se trate de iniciativas conducentes. Es que se trata, precisamente, de propuestas de expansión del gasto público. Para citar uno solo de estos cinco casos, el proyecto de ley de Emergencia Alimentaria contempla una inversión de 10.000 millones de pesos para ampliar el presupuesto que se destina a comedores. También se propone que el Estado destine el 25 por ciento de los fondos de obras públicas para que lo apliquen las cooperativas de trabajo.

Este reclamo puede generar una frustración en el presidente Mauricio Macri, cuyo gobierno no sólo mantuvo gran parte de los programas sociales preexistentes sino que aumentó la cantidad de beneficiarios de uno de los planes  como es Argentina Trabaja, que creció un 63% bajo el paraguas de la Ley de Emergencia Social, una norma impulsada por los movimientos sociales que asignó 25.000 millones de pesos extra para programas sociales. Destinado a personas sin empleo fue creado en agosto de 2009, por Cristina Fernández e implica la conformación de cooperativas de trabajo. En diciembre de 2015 había llegado a su piso de beneficiarios: 107 mil y ahora suman 175 mil, pero necesitan recursos para desarrollar obras.

Estos datos muestran, a todas luces, un empeoramiento de la situación social ya que ningún esfuerzo resultó eficiente frente a otras medidas que profundizaron la vulnerabilidad de estos sectores.  Fue el propio Gobierno el que consolidó la representatividad de las instituciones con fuerte dominio territorial que se están movilizando, sobre las que se montan organizaciones de la burocracia sindical. Pero el principal respaldo viene de la mano de la Iglesia Católica.

Además de las razones objetivas que motivan la protesta, la significación política es muy clara. Hay una parte de la sociedad que no está dispuesta a tolerar mayores ajustes, especialmente cuando sospecha que se trata de imposiciones realizadas por centros de poder externos y alejados de una acuciante realidad social.  Y ese es el mensaje.

Salta, 28 de mayo de 2018

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