Avance

Opinion 25 de mayo de 2018
El Gobernador de la Provincia rozó lo que la Iglesia Católica considera valores innegociables y desató la furia discursiva que se expresó en pleno Tedeum. En la homilía se echó mano a un texto extraído de la Exhortación Apostólica Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI, aprobado el 22 de febrero de 2007, para advertirle que Dios exige el testimonio público de la propia fe.
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A través del decreto 584, suscripto ayer,  la Provincia adhirió al protocolo nacional de aborto no punible. Esto significa que quedó sin efecto el propio, que había sido emitido de inmediato al fallo de la Suprema Corte de Justicia, “en virtud de la inexistencia de un protocolo nacional para regular en la materia”, según lo expresado por el gobernador en Twitter.

Vale repasar un proceso de seis años que privó a mujeres de la posibilidad de ejercer derechos, ratificados por el fallo dictado por el máximo tribunal en 2012, estableciendo que, según el artículo 86 del Código Penal de la Nación, el aborto no es punible cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. De esa manera, el aborto en esas circunstancias no debía ser judicializado. El pronunciamiento incluía una exhortación a la Nación y a las provincias a realizar protocolos hospitalarios de actuación.

El fallo de la Corte Suprema fue emitido en los primeros días de marzo de 2012 y el mandatario provincial no demoró en instruir a los ministerios de Salud Pública y Derechos Humanos a dictar el protocolo sugerido por el Tribunal, que merced a la diligencia con la que se trabajó quedó aprobado sesenta días después. El Ministerio de Salud de la Nación se tomó más tiempo; lo hizo recién en 2015.

El protocolo provincial produjo muchas críticas y generó resistencia, especialmente de instituciones de derechos humanos y las vinculadas a la defensa de las mujeres. Incluso algunos juristas llegaron a considerar que era inconstitucional porque con un decreto se había modificado una ley federal, porque era muy restrictivo e imponía límites que lo alejaban de los estándares que había fijado la Corte.

Contradiciendo a ese fallo y a la legislación vigente,  regulaba únicamente el acceso al aborto no punible en los casos en los que el embarazo sea producto de una violación y obligaba a la intervención de un defensor oficial, un organismo de asistencia a las víctimas del Ministerio Público, o un asesor de menores e incapaces. Más aún, establecía que el plazo para realizar la interrupción no podía ser mayor a las 12 semanas de gestación.

La decisión del gobernador tuvo una fuerte repercusión en todos los ámbitos de la vida social y trascendió los límites geográficos. Pero especialmente corrió sus propios límites ya que desde 2012 sostuvo con tenacidad su propia creación, convencido que era el fallo de la Corte el que no estaba en regla.

En una sociedad que atiende a los condicionamientos de la Iglesia Católica, pagó su decisión enfrentando discursos hostiles dentro y fuera de la Catedral. Más allá de ese espacio, se escucharon las voces saludando la medida. Fue un avance por la avenida del medio.

Salta, 25 de mayo de 2018

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