Costo

Opinion 24 de mayo de 2018
La iniciativa presentada por el gobernador Juan Manuel Urtubey como alternativa al proyecto opositor sobre tarifas propondrá una reducción de un 10% en los cuadros vigentes para los distintos servicios públicos. Y antes que se avance en ese propósito, en la Provincia se dispuso un ajuste de la tarifa de energía eléctrica del 14,8 % en cuatro etapas, a partir de este mes y hasta agosto próximo.
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La decisión local se conoció hoy a través del Boletín Oficial y apunta a cubrir el incremento real producido en los costos de distribución y que, de acuerdo a lo informado por EDESA, ha impactado en el Valor Agregado de Distribución-un índice conocido como VAD- en un 32%, lo que representa un incremento en la facturación anual de más de 650 millones de pesos.

De acuerdo a los procedimientos vigentes desde 2012, cuando se efectuó la penúltima revisión integral de la tarifa, correspondía analizar el requerimiento empresario y, de corresponder, autorizar los ajustes tarifarios del caso, con el fin de restablecer el equilibrio económico de la Concesión. La tarea, responsabilidad del Ente Regulador de los Servicios Públicos, no obliga a convocar a una Audiencia Pública, procedimiento éste reservado en exclusividad para las revisiones que se realizan cada cinco años, la última de la cual tuvo lugar en 2017.

La resolución del organismo, aprobada la semana pasada pero hecha pública en la fecha, destaca que, en lo conceptual, la tarifa del servicio de energía eléctrica se compone de dos términos: el Costo de Abastecimiento y el Valor Agregado de Distribución. El primero, que se traslada a los usuarios de manera directa, es el que surge de la compra de energía y potencia en el mercado nacional, más los costos de la generación propia. El segundo es el que se determina en función de los gastos de explotación, impuestos y tasas, inversiones y contiene la rentabilidad sobre el capital invertido.  Y ese es el que se ha revisado en esta oportunidad para determinar el nuevo incremento, que se suma a los que se aplicaron en el primer cuatrimestre, como el ajuste estacional que se impone cada tres meses.

Cuando los gobernadores insisten en que la facultad de fijar le es propia y no tolera una injerencia parlamentaria, se refieren a esta toma de decisiones. Es a los Ejecutivos a los que les corresponde velar por la situación económica financiera de la prestación, los niveles de calidad del servicio y la concreción de las obras e inversiones necesarias para que ello sea posible, a la vez que debe proteger el interés de los usuarios asegurando tarifas justas y razonables para todos ellos.

Es una responsabilidad excluyente, que los obliga a un análisis técnico pero también social, que se vincula al acceso a estos servicios que son imprescindibles para asegurar un piso de calidad de vida. Alcanzar ese equilibrio tiene un costo político que lo pagan los gobernantes, como ocurre actualmente con el propio Presidente de la Nación, cuya imagen está estallando en pedazos por impericia, ineficiencia o insensibilidad social.

Salta, 24 de mayo de 2018

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