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Opinion 23 de mayo de 2018
La cuestión tarifaria de servicios públicos debiera tener una resolución el próximo miércoles si se cumple el propósito del sector mayoritario de la Cámara de Senadores de la Nación de tratarla en el recinto el 30 de mayo. Previamente debe resolver el problema de la falta de un proyecto.
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El esfuerzo del bloque Argentina Federal por acelerar el tratamiento de uno de los principales problemas de la gestión de Cambiemos se diluyó cuando el Gobernador de Salta presentó el lunes pasado una iniciativa que recupera la intención del peronismo en la Cámara de Diputados de reducir la aplicación del IVA en las facturas. Pero también impone que la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires se hagan cargo de sostener la distribución de energía y la provisión de agua a usuarios del área metropolitana.

La intervención de representantes de Salta en el plenario de comisiones de la Cámara alta cambió el eje del debate, que se sustentaba en la reducción de tarifas que no iba a ser aplicada en todo el territorio nacional, por las particularidades de los regímenes de prestación vigentes. Precisamente, con la propuesta de Juan Manuel Urtubey, la discusión se trasladó a un flanco que hasta allí no había sido atendido: la alteración de los marcos regulatorios que ordenan el sistema en cada provincia.

El Jefe de Gabinete provincial fue quien fundamentó el proyecto alternativo al de Diputados en la necesidad de no mostrar al mundo inseguridad jurídica, cuando se están buscando inversiones. Fernando Yarade les dijo a los senadores de la Nación que no deben modificar pautas contractuales porque sería un retroceso. En el marco del plenario de comisiones, Salta defendió su potestad de definir su política en materia de servicios públicos orientando sus inversiones hacia dónde indique la demanda social, esencialmente atendiendo la vulnerabilidad de amplios sectores poblacionales.

Quien había alertado sobre el desorden que va a generar el proyecto de Diputados si se convierte en ley fue el titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, especialmente en orden a marginar a los usuarios del interior ya que cada provincia fija sus cuadros tarifarios porque tiene su propio marco regulatorio y la Nación no tiene injerencia. La ley tal como vino de la Cámara baja sólo sirve a los metropolitanos pero va a generar un déficit que pagarán todos los argentinos.

La intervención de Urtubey, que le dio al oficialismo un proyecto para apoyar, desairó a propios y ajenos. Hasta el diputado Pablo Kosiner tuvo que salir a explicar porqué su voto no contempló los intereses de quienes representa.

Para no perturbar el proceso de regulación tarifaria se discutirá una propuesta que signifique una reducción del 10 por ciento de las tarifas que se rigen en todo el país mediante una aplicación disminuida del IVA, que no se mete en los contratos con las empresas ni en la política regulatoria que es patrimonio de todas las provincias, según anticipan sus mentores.

En síntesis, con dos dictámenes que habilitan la discusión en el recinto, los senadores tienen muchos elementos de juicio para decidir razonablemente. Y no tienen nada porque los proyectos en danza son solo propuestas.

Salta, 23 de mayo de 2018

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