Ánimo

Opinion 21 de mayo de 2018
La dinámica política refuerza la inserción de Juan Manuel Urtubey en el escenario nacional. Hoy es su turno para dialogar con el presidente Mauricio Macri, quien quiere sumar a los gobernadores a un plan de ajuste que los mandatarios provinciales resisten y no sin razones.
Juan Manuel Urtubey

En los últimos días, el Ejecutivo Provincial ha reconocido que el problema no es la deuda sino la situación fiscal. Desde 2015, Salta ha visto disminuidos sus ingresos por medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y su impacto se reflejó en el elevado déficit del ejercicio 2017. Para este año, ya se adoptó la decisión de no recurrir al mercado financiero ni emitir deuda. Se confía en los efectos del plan de ajuste contenido en el decreto 1603, de diciembre último y en todos los ahorros que puedan realizarse en la administración, sin afectar las funciones esenciales del Estado.

Pero hay dos cuestiones que deben manejarse con precisión: mejorar los ingresos y exigir que se mantengan los recursos de transferencia automática –que están asegurados por ley- y aquellos que provienen de decisiones políticas del Ejecutivo central. Y estos últimos están en riesgo

La conducción económica nacional ya les ha pasado factura por los envíos realizados en el primer cuatrimestre, que no han tenido variantes respecto de lo percibido en el mismo período del año pasado. Sin embargo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció un recorte del gasto público de 30 mil millones de pesos que se aplicará sobre la obra pública y pretende negociar con los gobiernos provinciales una mayor participación de estos en el plan de trabajos previsto para 2018 y en áreas con fuerte impacto social.

El gobierno de Salta ya viene sosteniendo con sus recursos el congelamiento de los giros del Incentivo Docente y ya hay anuncios sobre su suspensión total,  que es uno de los reclamos del paro nacional del miércoles próximo. Ahora podría sumarse el traspaso del Plan Interzafra a las provincias y otros subsidios actualmente a cargo del Ministerio de Trabajo. El financiamiento de planes sociales y de salud es otra incógnita que preocupa a los gobernadores.

El mandatario salteño se ha mostrado proactivo ante la crisis y ha expuesto propuestas para controlar su frente interno y para contribuir algunas cuestiones en las que no está funcionando el apoyo automático de un sector del peronismo.  En este último caso debe inscribirse su iniciativa para resolver la cuestión tarifaria, logrando consensos que eviten que el Presidente de la Nación deba pagar el costo político de un veto.

La compleja situación del país, que debió recurrir al Fondo Monetario Internacional, marca prioridades que no necesariamente contiene a las particularidades de cada provincia. Sin señales contundentes, la expectativa se centra en el Acuerdo Nacional para el Desarrollo, que se pretende alcanzar luego del pacto con el FMI.

En tanto, el ciudadano pelea diariamente con los aumentos de precios y tarifas y un retraso salarial que ya no se disimula. El paro general está golpeando las puertas del ánimo del hombre común.

Urgen definiciones para mantener bajo control la situación social, cuya alteración puede generar dificultades en la gestión de los gobiernos.

Salta, 21 de mayo de 2018

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